La Secretaría de la Función Pública (SFP) aseguró que puso a disposición de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) más de 30 mil expedientes que requirió para la revisión de la cuenta pública 2019, y en todo momento colaboró con el órgano fiscalizador.
En su reporte, los auditores denunciaron que la SFP negó el acceso a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF, lo cual representó algunas dificultades para realizar el trabajo de revisión a la cuenta pública.
Al dar respuesta a los señalamientos, la titular de la dependencia Irma Eréndira Sandoval refrendó su compromiso de colaborar con la Auditoría Superior y darle seguimiento a los resultados de sus auditorías.
“He girado instrucciones para que todos los Órganos Internos de Control (OIC) den seguimiento a la implementación de las recomendaciones, observaciones e investigaciones y, en su caso, inicien los procedimientos sancionadores-administrativos necesarios que se deriven de los hallazgos identificados en este informe”.
La funcionaria celebró que en este reciente informe del órgano fiscalizador se redujeron 64% las promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, 34% las de responsabilidades administrativas y 22% los pliegos de responsabilidad, con respecto a la Cuenta Pública 2018.
Sandoval Ballesteros precisó que en este informe la ASF no emitió ninguna promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias, ni solicitudes de aclaración alguna hacia la Secretaría de la Función Pública.
“Como en el resto de las acciones emitidas por la ASF, la Función Pública trabajará para implementar las sugerencias de los auditores y construir juntos una buena administración federal en beneficio de las mexicanas y los mexicanos”.
Hizo notar que ambas instituciones copresiden el Sistema Nacional de Fiscalización, y juntos han impulsado una visión novedosa, preventiva y con participación ciudadana, lo cual nos ha permitido enfrentar el desafío de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.
El informe de los auditores advirtió que “la SFP mostró resistencias al proceso de fiscalización”, ya que sus trabajadores se negaron a colaborar en la revisión de la cuenta pública 2019.
Añadió que la ASF pidió información sobre la situación patrimonial de un líder sindical, a quien investigan por presuntas anomalías e incongruencias entre lo que gana y las propiedades que tiene, pero los trabajadores de la Función Pública dijeron que “no contaban con esa información”.
Otra anomalía, denunciaron, consistió en la negativa para que el equipo auditor realizara entrevistas complementarias, argumentando la suspensión de labores provocada por el COVID-19, no obstante que las actividades de revisión que la SFP se llevó a cabo durante el periodo de tiempo señalado mantuvieron continuidad”.
