La Auditoría Superior de la Federación (ASF) registró dificultades para llevar a cabo la inspección de los Órganos Internos de Control (OIC) que vigilan la actuación de diversas dependencias de gobierno, pero dependen de la Secretaría de la Función Pública (SFP) que negó el acceso a sus instalaciones y los trabajadores se negaron a colaborar en la revisión.
“Durante la auditoría, la SFP mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF”, escribieron en su reporte los auditores.
La ASF solicitó información sobre la situación patrimonial de un líder sindical, a quien investigan por presuntas anomalías e incongruencias entre lo que gana y las propiedades que tiene, los trabajadores de la Función Pública dijeron que “no contaban con esa información”.
Otra anomalía consistió en la negativa para “que el equipo auditor realizara entrevistas complementarias, argumentando la suspensión de labores provocada por la emergencia sanitaria de la pandemia por COVID-19, no obstante que las actividades de revisión que la SFP llevó a cabo durante el periodo de tiempo señalado mantuvieron continuidad”, señala el reporte.
Con estas actitudes, concluye la ASF, la Secretaría de la Función Pública fue “incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades”.
La Auditoría Superior de la Federación detecto que había irregularidades y deficiencias en el proceso de contratación y gestión profesional de 6 de los 50 servidores públicos que ocuparon las 29 plazas de la estructura de la Coordinación General de los Órganos de Vigilancia y Control (CGOVC).
Además, la Función Pública recibió 575,834 declaraciones patrimoniales (52.8 por ciento son de modificación; 29.9 por ciento fueron iniciales; 14.7 de conclusión y 2.6 fueron avisos), pero la dependencia solo verificó 92 que declararon tener un crecimiento en su patrimonio. Tampoco revisó el llenado de las declaraciones patrimoniales, lo que provocó discrepancias en 21 mil 126 de estos documentos, es el 3.6 por ciento del total presentado.
La ASF detectó que la Función Pública no tiene una política de lineamientos o metodología para justificar la selección de los servidores públicos sujetos a investigación. Por el contrario, aplicó criterios de discrecionalidad, ya que 5 de las 10 investigaciones de evolución patrimonial se relacionaron con el contenido y temporalidad de diversas notas periodísticas publicadas a lo largo del ejercicio fiscal, adicionales a las 2 que se realizaron a petición de instituciones externas a la SFP, y sólo 3 de ellas fueron sugeridas por el Área de Quejas del OIC.
