La investigación de la FGR en contra de Raúl Beyruti, empresario dedicado al outsourcing, tuvo su origen en una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó Santiago Nieto aunque evitó pronunciarse en torno a este asunto.
En conferencia de prensa, titular de la UIF, dijo que no se referiría al asunto porque se trata de una investigación abierta por la Fiscalía General de la República y sólo confirmó que la orden de aprehensión en contra de Beyruti Sánchez se originó a partir de una de las ocho denuncias que esa institución presentó en contra del empresario y varias de sus compañías.
Al continuar con las investigaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que un juez federal girara una orden de aprehensión en contra del empresario poblano, Raúl Beyruti Sánchez, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal equiparada y evasión fiscal.
Las investigaciones realizadas tanto por la FGR como por la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), identificaron que las empresas de Beyruti Sánchez incumplieron con los pagos de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), omitieron el pago del Impuesto Sobre la Renta por los sueldos que pagaron a sus empleados y reinvirtieron ganancias en otros negocios.
El monto que suman estos delitos supera los 30 mil millones de pesos y aunque no son considerados graves, fuentes de la FGR confirmaron que el Ministerio Público solicitará que se le aplique la prisión preventiva oficiosa, pues cuenta con recursos económicos suficientes para evadirse de la justicia.
Desde hace casi un año, las autoridades detectaron movimientos irregulares en la compañía de outsourcing Distribuidores y Representante del Sur propiedad de Beyruti Sánchez, que controla la contratación de cerca de 90 por ciento de los empleados de grandes compañías, alrededor de 200 mil trabajadores, los cuales son contratados con bajos niveles salariales o incluso se les obliga a renunciar a sus prestaciones sociales.
