El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, denunció que las acusaciones en su contra son producto de una persecución política dictada desde Palacio Nacional, y solicitó desechar la solicitud de desafuero.
Lo anterior a través de un documento que presentó ante a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, en el que argumentó violaciones al debido proceso tras la filtración de la petición hecha por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Lo anterior constituye una grave violación a mis derechos humanos de debido proceso, defensa adecuada y presunción de inocencia. Derivado de las violaciones a mis derechos humanos durante la tramitación de la o las carpetas de investigación que originan esa solicitud, (solicito) desechar de plano la misma”, demandó.
En conferencia de prensa, sostuvo que las denuncias que se están presentando no son por casualidad, sino que “son producto de una persecución política dada directamente desde Palacio Nacional”.
El mandatario se enteró la noche del martes de la solicitud de desafuero, y la mañana de ayer tomó un vuelo rumbo a la Ciudad de México, tras haber encabezado una ceremonia conmemorativa por el Día de la Bandera en Tamaulipas. Llegó al recinto de San Lázaro a las 13:40 horas, acompañado por el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, su hermano, y los diputados federales por Tamaulipas, Salvador Rosas, Mario Alberto Ramos y Vicente Javier Verástegui.
A bordo de una camioneta blanca, entró por la puerta ocho, ingresó al edificio B y subió un piso por el elevador, custodiado por personal de seguridad, para llegar a la oficina del coordinador parlamentario blanquiazul, Juan Carlos Romero Hicks.
Tras unos minutos de charla privada, el funcionario, quien portaba traje y cubrebocas negros, ambos con la leyenda “Tam”, logo de la entidad, camisa y corbata azules, cruzó la explanada para dirigirse al edificio H, a unos 100 metros de distancia, donde presentó la petición ante la Secretaría General.
Cinco minutos después, aún sin dar declaraciones, caminó al edificio A, dentro del mismo recinto, donde ofreció un mensaje a medios, en el que no aceptó preguntas bajo el argumento de que aún no conoce los delitos que se le imputan.
“Si hay un delito que haya cometido, probablemente sea el hecho de no haberme sometido a este Gobierno federal, un Gobierno que ha querido inmiscuirse en las acciones del Gobierno en Tamaulipas, un Gobierno federal que ha querido atropellar la dignidad de las familias tamaulipecas”, declaró.
El gobernador, quien presuntamente es investigado por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, y defraudación fiscal equiparada, dijo que seguramente, los representantes del Gobierno federal están muy molestos porque exhibió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de expedir un documento apócrifo con el que intentó explicar el apagón nacional del 28 de diciembre en varios estados del país.
“Seguramente están molestos por la exhibida que le dimos a la CFE por haber presentado un documento apócrifo (…) o están molestos porque hemos presentado controversias constitucionales en donde creemos que están violando los derechos de los tamaulipecos; probablemente estén molestos porque soy uno de los fundadores de la Alianza Federalista, que ha alzado la voz contra de las arbitrariedades del Gobierno federal”, subrayó.
García Cabeza de Vaca consideró que esto también obedece a que ha sido un férreo defensor de la generación de energías limpias y renovables.
Agregó que pidió copia de la denuncia, misma que le negaron: “me dicen que ni siquiera cuentan con ella, que probablemente esta semana tendrán acceso a esos documentos. Yo espero obtener los documentos para tener una defensa justa y adecuada, y en su momento vamos a defender, a aclarar y daremos a conocer mi inocencia”.
A las 14:30 horas, el mandatario estatal concluyó su mensaje y caminó hasta el estacionamiento para abandonar el recinto, en el que estuvo 50 minutos.
De acuerdo con los plazos legales, este jueves la FGR deberá ratificar la demanda ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, misma que tendrá que remitir el oficio a la Sección Instructora, que a su vez, tendrá tres días para verificar que la petición cumpla con los requisitos de ley.
Luego de que se determine la legalidad del procedimiento de desafuero, la Sección Instructora contará con un plazo de siete días para notificar al mandatario el inicio del proceso de desafuero, y a partir de ese momento se inicia un plazo de 60 días hábiles para resolver, el cual puede duplicarse.
- El dato: El PAN anunció que solicitará ser incluido en la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, integrada actualmente por dos legisladores de Morena, uno del PRI y otro del PT.
“Es sólo el primero al que acusarán”
El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, es solo el primero de muchos que de los que van a empezar a acusar y que el Jefe del Ejecutivo identifica como sus adversarios políticos.
“Por supuesto que es una venganza política, no había habido otro tipo de señalamiento previo y a tres meses de las elecciones salen con este tipo de acusaciones. Es un asunto eminentemente político, no tengo ninguna duda, pues qué casualidad que después de dos años de haber llegado la nueva administración se endereza una acusación con solicitud de juicio de procedencia contra un gobernador que forma parte de la Alianza Federalista, de los que más se han distinguido en oponerse en las arbitrariedades del gobierno federal”, aseguró en entrevista con La Razón.
En Twitter, el expresidente Felipe Calderón, acusó al Gobierno federal de usar “la justicia para perseguir y hostigar a adversarios políticos con elementos que nadie conoce. Hay una burda persecución política en México”.
Por su parte, el coordinador de diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que sí hubo una filtración del caso, por lo que ya interpuso una denuncia en contra de la Secretaría General por la divulgación anticipada de la solicitud sin respetar el proceso legal.
La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, advirtió que le parece preocupante que la información se haya “filtrado”, pues se prestó a un linchamiento mediático en contra del mandatario, lo que genera sospechas.
J. Butrón y A. López
