En el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca el gobierno no es tapadera ni persigue a nadie, afirmó ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la solicitud de desafuero del panista para ser investigado por presuntos nexos con el crimen organizado.
“Quiero dejar de manifiesto que nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse, se los recuerdo, que he dicho que no somos tapadera de nadie”, acotó durante el encuentro diario con medios de comunicación.
Dejó en claro que la instrucción que tienen los funcionarios de su gobierno es que si hay una denuncia por corrupción, “que no se tape nada, sea quien sea y que se envíe de inmediato esa información a la Fiscalía, que es la encargada de investigar y de atender estos asuntos”.
La Fiscalía General de la República (FGR) envió a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero del gobernador García Cabeza de Vaca para ser investigado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y la supuesta procedencia de recursos ilícitos.
En ese sentido, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, garantizó que no hay ninguna venganza política en contra del mandatario tamaulipeco, ni tampoco falta de transparencia en la solicitud de desafuero presentada a los diputados.
Al participar en la conferencia mañanera, aclaró que se presentaron todas las pruebas a los legisladores de manera transparente, a quienes, dijo, se les pide que analicen el tema.
“El procedimiento que se sigue tiene una ventaja: claridad; estamos presentando al Congreso la solicitud para ver si procede. No va a faltar ningún acto de transparencia, ni que se trate de alguna venganza política. El juicio va a ser público”, refirió.
En ello coincidió Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), al rechazar que la denuncia en contra del gobernador tenga tintes electorales o políticos.
“Lo que plantearía es que nosotros no tenemos ningún tipo de investigación que sea con algún tipo de posicionamiento de naturaleza política; se trata de investigaciones con absoluta imparcialidad cumpliendo además los parámetros internacionales”, afirmó.
En conferencia de prensa, descartó que dicha investigación tenga un espíritu de venganza, ya que las averiguaciones correspondientes están en manos de la FGR, pero no existen intereses personales, sino que se trata de una labor institucional.
“Yo respeto al fiscal y el fiscal ha mencionado que no hay ninguna venganza política en este caso, lo dijo hoy (ayer) en la mañana. Lo que nos han instruido es que siempre que haya elementos que impliquen algún tipo de responsabilidad se actúe en consecuencia”, dijo.
Por el momento, agregó, el proceso se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, donde la Sección Instructora deberá revisar el caso presentado por la FGR, pero reconoció que sí se basa en investigaciones realizadas por la UIF.
Defienden pesquisa
Por su parte, diputados federales de Morena aseguraron que el proceso en contra del gobernador de Tamaulipas se analizará de manera detallada, y descartaron que la difusión se tratara de una filtración, sino de un acto de transparencia.
“No confunda gobernador filtración con transparencia. La soberanía popular nos obliga a transparentar los trámites de la Cámara de Diputados al pueblo de México. Ojalá lo entienda”, tuiteó el coordinador de Morena, Ignacio Mier, y señaló que oportunamente se notificará al imputado para que conozca de la carpeta de investigación y los hechos que le imputa la FGR.
En entrevista con La Razón, Erasmo González, consideró que para la justicia todos los tiempos son oportunos y no es una consigna política: “la Cámara de Diputados tiene que actuar de acuerdo a su responsabilidad y la solicitud debe ser tratada en sus términos de transparencia. No hay persecución política, en todo tiempo se debe aplicar la ley, no deberíamos de verlo desde ese punto de vista, pues si no, cada año sería electoral”.
En menos de 90 días, 3 solicitudes de desafuero
En menos de 90 días, la Cámara de Diputados ha recibido tres peticiones de desafuero contra el mismo número de servidores públicos: el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, el 14 de diciembre; el exdelegado de Coyoacán, Mauricio Toledo, el 25 de enero; y contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, recibida este martes 23 de febrero.
Dichas peticiones se suman a las 356 solicitudes que se han realizado en más de 100 años en la Cámara de Diputados, de las cuales sólo se ha quitado el fuero a 12 funcionarios.
Las acusaciones hechas por la FGR contra Carmona Gándara son por incumplimiento en la presentación de los exámenes de control y confianza previo a tomar el cargo de Fiscal, y contra el diputado petista Toledo, por presunto enriquecimiento ilícito, denunciado por la Fiscalía de la CDMX.
Conforme a los casos anteriores, una petición de desafuero puede tardar de cuatro meses a un año, como el caso de René Bejarano, cuyo juicio en 2004 por los videoescándalos tardó seis meses; el de Andrés Manuel López Obrador inició en enero de 2005 y se consumó en abril del mismo año; o Julio César Godoy Toscano, proceso que en 2010 tardó cuatro meses por presuntos nexos con el crimen organizado.
- El dato: En el juicio de procedencia, la FGR cuenta con 30 días para recabar pruebas en contra del acusado, y éste tiene el mismo tiempo para mostrar las suyas para su defensa.
Con información de Antonio López
