La aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) prendió las alertas de muchos actores del sector empresarial, que lamentó la decisión, pues asegura que no se dio el tiempo para que fuera discutida, por lo cual esperan que haya una lluvia de amparos.
Durante el “Foro Electricidad para el Futuro de México”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, presidente del organismo, aseguró que la iniciativa beneficiará sólo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), creando un monopolio para la empresa del Estado.
“Nos preocupa la conclusión. No nos dimos el tiempo, no nos dimos la oportunidad de debatir, no nos escuchamos, no tuvimos la facilidad de poder argumentar y contrastar las diferentes visiones que pudieran conducir a mejores decisiones de nuestro país”, lamentó.
Acusó que el Senado negó al sector privado exponer sus argumentos técnicos y económicos para votar la iniciativa; esto, luego de que la Cámara de Diputados sí realizó un ejercicio de parlamento abierto.
No nos dimos el tiempo, no nos dimos la oportunidad de debatir, no nos escuchamos, no tuvimos la facilidad de poder argumentar y contrastar las diferentes visiones que pudieran conducir a mejores decisionesCarlos Salazar<br>Presidente del CCE
de nuestro país
El líder empresarial advirtió que podrían llegar una serie de amparos por parte de las compañías que invirtieron de buena fe en el país, como resultado de la aprobación de la Reforma Energética.
No obstante, confió en que el Poder Judicial protegerá los intereses económicos de las empresas que resulten afectadas por la iniciativa presidencial.
Añadió que la soberanía en México no se obtiene con retórica ni discursos, sino que se construye cuando una sociedad es lo suficientemente eficaz y eficiente cuando tiene debates para encontrar las mejores decisiones en cada uno de los pasos que tiene que tomar.
También mencionó que no se puede manejar que la electricidad no les subirá a los hogares, pero sí les subirá a todos los agentes económicos que de por sí ya pagan 26 por ciento más caro, y que con la reforma se adicionarán 60 mil millones de pesos anuales, que tendrán que ser financiados de alguna manera, por alza en tarifas o subsidio.
Los números en la Suprema Corte para una acción y una controversia son complicados, entonces yo creo que hay un entorno más adverso para las impugnaciones jurídicas, aunque hay muchísimos argumentos en todos los casosCésar Hernández<br>Exsubsecretario de Electricidad de Sener
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) rechazó en un comunicado la aprobación de la reforma, que ya había sido avalada por la Cámara de Diputados, sin ningún cambio con respecto a la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo federal.
Por ello, manifestó que revisa todas las vías legales posibles para evitar el daño productivo que traerá consigo la reforma, pues asegura que no se atendieron las voces de expertos, sociedad civil y empresas que alertaron sobre los efectos dañinos de la legislación, lo cual calificó de grave.
En este sentido, el doctor en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM, Rogelio Rodríguez, explicó que la vía legal en la que la Coparmex, otro organismo, o la sociedad civil podría imputar, sería a través de amparos, los cuales prevé lluevan tan pronto como esta misma semana.
La modificación puede terminar como letra muerta al provocar litigios desde su primer día, que podrían llevarla a ser declarada inconstitucional. Ya analizamos las rutas legales necesarias para evitar el daño al país yCoparmex<br>Comunicado
a su sector productivo
En entrevista con La Razón, el especialista explicó que, por la parte de la inconstucionalidad, los únicos que podrían pelear por ese camino serían los legisladores u organismos autónomos, como la CNDH o el Inai.
Añadió que la experiencia inmediata señala que con amparos o litigios de inconstitucionalidad, se pueden presentar suspensiones a la reforma, “entonces es posible que veamos muchos juicios de amparo. La Coparmex podría representar a diversos empresarios en lo particular, los empresarios que pueden presentar el juicio de amparo, e incluso podría ser el caso que consumidores, también”.
Pese a que se prevé que haya una lluvia de amparos, la impugnación de la reforma a la LIE será más complicada que la política de confiabilidad, por lo que es probable que muchos no sean exitosos, dijo César Hernández, exsubsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía.
Consideró que no es lo mismo impugnar una ley a una regulación, por lo que hay un panorama adverso para estos actos jurídicos: “va a depender mucho de tener una buena línea de comunicación con las autoridades”.
