El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) formalizó la extinción de los apoyos económicos a investigadores de 143 universidades e institutos particulares con una reforma al Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
El 3 de marzo en una sesión extraordinaria la Junta de Gobierno aprobó por unanimidad la segunda reforma al reglamento del SNI durante la administración de María Elena Álvarez-Buylla Roces. Los cambios entrarán en vigor a partir de 2022, según su titular.
Las modificaciones se publicaron en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el 5 de marzo, en la que los académicos han expresado su inconformidad por los nuevos lineamientos. No obstante, se ingresó con exención de análisis de impacto regulatorio, por lo que podría ser publicado en el Diario Oficial de la Federación en un máximo de cinco días.
El artículo 61 plantea que los estímulos se otorgarán a los investigadores “en alguna institución pública de educación superior o centro de investigación del sector público”.
Esta medida deja fuera a quienes realizan investigación en universidades privadas u organizaciones sociales, que estaban contemplados en la versión anterior.
Las 143 universidades e institutos privados tenían convenios firmados con Conacyt desde 2007 hasta 2020, de acuerdo con documentos proporcionados por el organismo a La Razón vía transparencia.
En total, mil 727 académicos serán afectados con el retiro de estímulos mensuales que les ayudan a desarrollar investigación en siete áreas de conocimiento, de acuerdo con el padrón vigente del sistema.
Los más afectados serán los niveles candidato y I, es decir, los de recién ingreso y de menor tiempo en el SNI, que equivale a un 82.3 por ciento de los que laboran en el sector privado.
Este diario adelantó el 8 de febrero que Conacyt buscó a las instituciones privadas para informarles sobre el fin de los convenios a partir del siguiente año.
Previamente se habían filtrado documentos para una refundación del SNI. Entre los cambios estaban desaparecer el nivel de candidato; sin embargo, se mantuvieron todos.
Otro de los obstáculos para los académicos del sector privado es que para acceder al nivel II del SNI uno de los requisitos es haber colaborado con instituciones o centros públicos de México.
No obstante, se mantiene en el reglamento que los académicos de instituciones privadas y asociaciones civiles podrán firmar un convenio de adscripción al SNI.
Además, en todos los casos se dará prioridad a aquellos que basen sus investigaciones de los Programas Nacionales Estratégicos del Conacyt (Pronaces). Estos son en las áreas de salud, agua, educación, seguridad humana, soberanía alimentaria, agentes tóxicos y procesos contaminantes, energía, cambio climático, problemas socioecológicos, vivienda y cultura.
El organismo también omitió del reglamento el monto que se entrega mensualmente por pertenecer al SNI, que iba de ocho a 14 veces el valor de la UMA de acuerdo con el planeamiento previo.
También se derogó el artículo 65 en el que establecía que los investigadores nivel III o emérito recibirán un estímulo adicional equivalente a dos tercios de un apoyo nivel candidato en caso de impartir clases a nivel licenciatura.
La reforma también alude a la promoción dentro de los niveles del SNI por “mérito”, y no por una revisión de expedientes. Sin embargo, no aclara la definición, ni los criterios que comprende el mérito.
