El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este martes la Ley General de Educación Superior, que tiene por objeto establecer las bases para cumplir la obligación del Estado de garantizar el acceso gratuito a la universidad.
La Ley General de Educación Superior se avaló por 397 votos a favor, 47 en contra y dos abstenciones.
La nueva Ley General de Educación Superior, que se construyó durante un periodo de cinco años para alcanzar un amplio consenso, abroga la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, publicada en 1978 y considerada obsoleta.
“Esta Ley es inédita, es la finalización de procesos de varias décadas en la que investigadores, rectores, rectoras, pedagogos y académicas manifestaron la necesidad de que el Estado mexicano contara con una Ley que permitiera que el sistema se adapte a las nuevas condiciones sociales, tecnológicas, culturales, ambientales o de innovación”, declaró la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Beatriz Juárez Piña.
¿Qué se reconoce en la Ley General de Educación Superior?
El dictamen de la Ley General de Educación Superior reconoce la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior, así como a su régimen jurídico, autogobierno, libertad de cátedra e investigación, estructura administrativa, patrimonio, características y modelos educativos.
“Probablemente no hay ley que haya llegado a este Pleno y haya sido más consultada, no tiene un gramo de partido e ideología, no tiene un gramo de privatización, no tiene un gramo de agenda escondida”, sostuvo el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks.
En el dictamen se establece un registro nacional de opciones que dará a conocer a la población los espacios disponibles en este nivel de enseñanza, así como los requisitos para su ingreso.
Además, vincula a las instituciones de educación superior con la necesidad de los sectores social, productivo y económico; promueve programas de apoyo para la titulación de los estudiantes; y prioriza a la comunidad estudiantil cuyos intereses y necesidades son el centro del Sistema Nacional de Educación Superior.
Contempla además la creación del Fondo Federal Especial para la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, destinado a garantizar a largo plazo, los recursos suficientes para la obligatoriedad, de manera gradual, de los servicios de educación superior.
“Esta Ley General de Educación Superior refrenda el compromiso asumido por el estado mexicano en 1979, educación laica y gratuita”, detalló la diputada de Morena, Zaira Ochoa.
La Ley General de Educación Superior también establece la creación de instancias para prevenir la violencia sexual y de género en los centros escolares; establece un Sistema para la Evaluación y Acreditación de dichas instituciones y regula la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en su financiamiento.
En contra se pronunció el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien denunció que la minuta contempla un capítulo completo destinado a la educación privada.
“Se sigue haciendo negocio con la educación del pueblo y no debe hacerse negocio ni con la educación ni con la salud del pueblo, esta iniciativa mercantiliza la educación superior, sigue manteniendo la puerta abierta a que sea una mercancía y no garantiza el acceso de la mayoría de jóvenes mujeres y hombres a la educación superior del país”, advirtió.
El dictamen será discutido en lo particular.
