El Segundo Tribunal Colegiado del Estado de México, con sede en Ciudad de Nezahualcóyotl, concedió esta tarde un amparo al ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien ya enfrenta un proceso por los delitos de lavado de dinero por 900 millones de pesos, relacionado con la venta de 22 predios a amigos y familiares.
El mandato judicial dejó sin efecto la vinculación a proceso, y en su lugar ordena reponer el procedimiento, de acuerdo con reportes de prensa.
Para ello, el magistrado José Francisco Cilia López, reclasificó el delito por el que Borge es acusado, quitando el flagelo de "ocultamiento de recursos" por el de "variante de adquirir bienes"; como el proceso que se le realizó fue por la primera acusación, ahora debe reponerse bajo el nuevo señalamiento.
Cilia López aseguró que el proceso contra el ex mandatario carece de fundamento legal y que, "en caso de volver a ser sujeto a procedimiento, el juez de la causa deberá precisar cómo intervino en los hechos".
El delito de lavado que le imputan a Borge deriva de haber nombrado a Claudia Romanillos como directora del Instituto de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IAPEQR), siendo ella quién vendió los 22 predios a precios subvaluados a amigos y familiares del ex Gobernador.
Con la sentencia, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl convocará a Borge a una nueva audiencia inicial, para resolver si lo vincula o no a proceso.
