Este viernes se llevó a cabo el desahogo de pruebas en la Cámara de Diputados del proceso de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Durante el proceso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Santiago Nieto, señaló que el mandatario estatal cuenta con ocho propiedades que superan sus ingresos, a lo que el panista respondió que se trata de acusaciones “fantasiosas”.
Al declarar como testigo ante la Sección Instructora, encargada de revisar la solicitud de desafuero en contra del mandatario local, el titular de la UIF explicó que del año 2006 a la fecha, las declaraciones del mandatario ascienden a 34 millones 506 mil 620, sin embargo, se detectó la compra de al menos ocho inmuebles que rebasan esas ganancias por mucho dinero.
Nieto señaló que a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) se inició una averiguación en 2019 por una denuncia por la compra de un departamento en 2013 en Bosques de Santa Fe en la Ciudad de México, adquisición se hizo a través de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom).
Sin embargo, negó que el gobernador esté ligado al narcotráfico, pero, dijo, usó empresas ligadas al Cártel de Sinaloa.
“(Eso) no quiere decir que el Cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco ‘N’, lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que se tiene actividad financiera, las dos empresas que terminaron enviando dinero a la Sofom, son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado”, detalló.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera relacionó al gobernador de Tamaulipas con posibles comisiones de delitos en operaciones con recursos de procedencia ilícita, el no pago de impuestos, además de vincularlo con 34 propiedades en la Ciudad de México, Tamaulipas y Texas en Estados Unidos.
La audiencia se llevó a cabo vía digital con la presencia del mandatario estatal y su abogado, Alonso Aguilar Zinser, quien al inicio pidió la cancelación del proceso por argumentar que se violaba la presunción de inocencia de García Cabeza de Vaca, pues los funcionarios estaban legalmente impedidos de proporcionar información sobre la carpeta de investigación.
Durante la audiencia, la defensa cuestionó a Nieto Castillo por su actuación, al considerar que él no es parte acusadora, lo que fue respondido por el titular de la UIF de que sólo es presentador de los hechos.
“SON FANTASIOSAS LAS IMPUTACIONES”
Al término del proceso de desahogo de pruebas en su contra, el gobernador de Tamaulipas acusó al titular de la UIF, Santiago Nieto, de extralimitarse en sus atribuciones y calificó de “fantasiosas” las acusaciones que le hizo y rechazó ser propietario de inmuebles.
A través de un videomensaje difundido en redes sociales, el mandatario tamaulipecoo aseguró que la presentación de Nieto Castillo “sólo comprueba de nueva cuenta que todo esto se trata de una embestida política, con fines electorales y un linchamiento mediático, para distraer de los problemas que hoy en día se tienen en nuestro país”.
García Cabeza de Vaca afirmó que la realización de la audiencia pública vulneró sus derechos humanos y la presunción de inocencia y a la privacidad, debido a que se formularon especulaciones sin sustento, y se difundió información imprecisa y descontextualizada sobre su patrimonio y el de terceros, y señaló: “me seguiré defendiendo ante esta arbitrariedad”.
Insistió en que la solicitud de desafuero presentada por la FGR se basa exclusivamente en la compra-venta de un departamento que fue reportado con toda puntualidad en sus declaraciones patrimoniales y fiscales.
Además criticó que Nieto Castillo exponga información que no guarda relación con el caso, y que además incluyera datos y conjeturas notoriamente falsas.
Y aseguró que el titular de la UIF reconoció que no tiene vínculos con el crimen organizado y aceptó que no tuvo elementos para sustentar el supuesto robo de armas que mencionó en su intervención.
- El dato: La Sección Instructora de la Cámara de Diputados practica diligencias para comprobar hechos de responsabilidad de servidores públicos.
