El pleno de la Cámara de Diputados aprobó promover ante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una demanda de controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas.
La impugnación busca echar atrás el acuerdo de la legislatura tamaulipeca avalado el pasado 2 de marzo, para que sean ellos quienes resuelvan “la existencia de un hecho constitutivo de delito federal y la responsabilidad de los sujetos”, en el caso de que la sección instructora determine quitarle el fuero al mandatario local.
De ser así, el acuerdo se remitirá a la legislatura local “únicamente para que ponga al inculpado a disposición del Ministerio Público Federal o del órgano jurisdiccional respectivo, sin que sea necesario un nuevo pronunciamiento”.
La propuesta se aprobó por 284 votos a favor por parte de los legisladores de Morena, PT, PES y MC, así como 77 votos en contra de los diputados del PAN y PRD, y 46 abstenciones del PRI y el PVEM.
A favor del dictamen, el diputado de Morena, Rubén Cayetano García, dijo que el acuerdo del congreso tamaulipeco está dirigido a “blindar” al gobernador en caso de que se le quite el fuero.
“Con esa acción, el congreso local pretende otorgar al gobernador una garantía de impunidad. El artículo 111 de la constitución en su párrafo sexto establece claramente que las resoluciones de la Cámara de Diputados son inatacable, inapelables, inimpugnables e irrevertibles”,
Por su parte, Juan Alejandro Rivera Torres, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), recordó que en marzo de 2006, la SCJN emitió una resolución en la materia, derivado de diversas controversias promovidas por legislaturas locales contra la federal.
“En esa sentencia el supremo tribunal señala que el efecto de la comunicación del desafuero a las legislaturas estatales, es para el efecto de que las legislaturas locales puedan eventualmente proceder a determinar su separación del cargo, sin constreñirlas a hacerlo de manera fatal y obligatoria”, indicó.
El legislador aseguró también que la controversia forma parte de una estrategia electoral contra García Cabeza de Vaca.
“A los gobernadores los ponen y los quitan sus electores, con la presentación de la controversia no solo se pretende desconocer una facultad soberana de una entidad federativa, sino que ha quedado demostrado que es parte de una estrategia electoral para ir en contra de un gobernador electo legítimamente”, concluyó.
