El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal destacó 14 inconsistencias en los cambios que realizó la Cámara de Diputados a la minuta para la regulación de la mariguana el pasado 10 de marzo.
Estos 14 señalamientos se suman a los 24 que realizaron las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda, especialistas y activistas, de los cuales La Razón ha dado cuenta desde el lunes pasado, con lo que suman 38 en total.
De acuerdo con Monreal, asignar a la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic) el control y regulación de la marihuana se contrapone “con su función de tratamiento de las adicciones”.
Sobre el autoconsumo, Ricardo Monreal advirtió que los diputados reintrodujeron la obligación de obtener un permiso para el consumo al interior de casas particulares, además “hace una diferencia con el que se otorgará a las asociaciones, el cual será reservado en los términos de la ley”.
El coordinador de los senadores de Morena advirtió que limitar a un permiso por domicilion restringe el derecho de otros consumidores lo que sería discriminatorio, recalcó Monreal.
“Otro sesgo de inconstitucionalidad se aprecia al limitar los actos que se permiten con la obtención del permiso que habrá de otorgar la Conadic”, subrayó.
Calificó como “simulación de una acción afirmativa”, porque permitirá que cualquier persona pueda obtener más de una licencia y varios tipos de ésta, “eso significa que no se trata de proteger o beneficiar a un grupo de personas en lo particular”. Además, el senado otorgaba 40 por ciento de las licencias a los campesinos y comunidades agrarias, lo cual fue borrado.
El senador zacatecano dijo que los diputados “sólo consideran licencias para posesión y consumo, no están incluidas las actividades de siembra, cosecha, preparación, posesión y transportación”.
También restringe a 50 el número de plantas que puede cultivar una asociación de hasta 20 consumidores, pero a cada socio le permite tener hasta cuatro matas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó de plazo al Congreso de la Unión hasta el 30 de abril para que cumplan con la sentencia del amparo 237/2014 y quede lista la regulación.
