Legisladores de las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados advirtieron una ola de amparos por parte de particulares tras el aval del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Movil (Panaut)
El diputado Absalón García, del Partido Acción Nacional (PAN), recordó que desde diciembre, fecha en que se discutió ese dictamen en San Lázaro, explicaron que se trata de una iniciativa “muy peligrosa”.
“Este sistema de identificación pone en riesgo a las personas, atenta contra los derechos humanos e invade la privacidad, por supuesto que viene una ola de amparo.
"Desde nuestra bancada aún no lo analizamos, pero independientemente de ello, serán los ciudadanos los que van a impugnar, estoy seguro”, expuso a La Razón.
La iniciativa aprobada ayer en la Cámara de Senadores establece que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil contendrá número de la línea de telefonía móvil, fecha y hora de la activación de la línea adquirida en tarjeta SIM, nombre completo o en su caso la denominación o razón social del usuario, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía y CURP, datos biométricos del usuario, domicilio, datos del concesionario de telecomunicaciones y esquema de contratación de la línea móvil o pospago o prepago.
Al respecto, el diputado priísta, Brasil Acosta, aseguró que la iniciativa representa un “Big Brother” que es completamente inconstitucional y autoritario.
Adelantó que independientemente de las determinaciones de su bancada, como representante de la organización Antorcha Campesina va por interponer los recursos legales correspondientes.
“Desde el inició de este gobierno hemos sentido que hay una persecución generalizada para atropellar los derechos de la gente. Esta reforma es persecutoria porque a donde vayas tienes que dar la ubicación de dónde estás, genera afectación directa a los individuos por lo que como representante de mi organización vamos a impugnar y levantar los amparos que sean necesarios”, aseveró.
El diputado morenista, Francisco Javier Borrego, expresó que la medida no vulnera los datos personales de los usuarios, y por el contrario “fortalece la persecución del delito”.
Sostuvo que esta reforma debió haberse avalado desde hace años, pero las administraciones anteriores “no quisieron tocar los intereses de las empresas de las empresas de telecomunicaciones”.
fgr
