El Gobierno de México reabrirá el caso del asesinato de la activista Digna Ochoa, con el objetivo de analizar las causas que originaron su muerte con una perspectiva apegada a derechos humanos y enfoque de género, donde participará la familia y su representación legal.
En entrevista con La Razón, la abogada de la familia, Karla Micheel Salas Ramírez, explicó que por el momento no se tiene fecha de cuando puedan empezar las nuevas diligencias, ya que apenas se anunció el reinicio de las actividades.
“Antes de reabrir las investigaciones se debe escoger el perfil de las personas que van a investigar, cuál será la estrategia de la misma investigación, qué tipo de peritajes se van a allegar, considerando que hay un gran descrédito en las pruebas pasadas”, aseveró.
Apenas ayer, el Estado mexicano reconoció su responsabilidad internacional de manera oficial, por la violación de garantías judiciales tras la muerte de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, así como la falta de una investigación con perspectiva de género y violación de su honra y dignidad.
En el 141 Periodo Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizado el 26 y 27 de abril, el Gobierno de México aceptó todas las pretensiones que presentó la CIDH.
Fue la Comisionada Esmeralda Arosamena de Troitiño quien dio a conocer observaciones en el caso Digna Ochoa contra México, en donde resaltó que el Estado incurrió en su responsabilidad al no cumplir con la debida diligencia, ni haber investigado los hechos en un plazo razonable.
La Comisionada agregó que se evidenciaron falencias graves en el proceso que llevó al Ministerio Público sostener la versión de suicidio como la falta de resguardo de evidencias; descripción incompleta de las heridas que le causaron la muerte a Digna y protección de testigos.
A 20 años de los sucesos el Gobierno de México creará un convenio de reparación integral que será presentado a la familia de Digna Ochoa en los siguientes días, mismo que tendrá 12 líneas de acción.
Karla Micheel Salas explicó que dicho convenio consiste en un pago que incluye todos los gastos que la familia ha realizado en estos años, procesos de reivindicación de la imagen de la activista, una disculpa pública de las más altas autoridades del Estado, publicación de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, así como publicación en periódicos de circulación nacional.
Además los familiares piden que se cree una medalla para reconocer a los defensores de derechos humanos, y garantías de no repetición, que consisten en que no haya los mismos errores en otras investigaciones.
“Pedimos la autonomía de los servicios periciales, los mecanismos de protección a víctimas y testigos, además de protocolos especializados y la creación de una Fiscalía Especializada en Agresiones a activistas”, aseveró.
LRL