Abogados constitucionalistas aseguraron que la propuesta del Presidente para que el Instituto Nacional Electoral (INE) forme parte del Poder Judicial sí puede realizarse, aunque es un proceso muy complicado que pasará de tener ciudadanos a jueces.
En entrevista con La Razón, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, explicó que la iniciativa estaría condicionada a una reforma constitucional al Poder Judicial y al INE que reciba dos terceras partes de los votos en los Congresos Federal y locales.
“Sabemos que Morena y sus aliados si tienen la mayoría calificada en San Lázaro, pero no le alcanza en el Senado; es decir, el único espacio donde se puede detener una reforma Constitucional es en el mismo Senado”, aseveró Burgoa Orihuela.
Por separado, el abogado penalista Juan Velásquez coincidió en que se puede modificar la Constitución, pero recordó que el órgano electoral es ciudadano y se tiene que justificar la utilidad en el cambio.
“Lo veo muy complicado, se puede hacer reformando una serie de leyes. Habría que ver la utilidad y con qué objeto se hace, porque los jueces estarían ya interviniendo en las elecciones y no las personas civiles”, precisó Velásquez.
En tanto, Daniel Vergara, jurista del Colegio Nacional de Abogados, aseguró que el Presidente puede realizar el proceso de reforma, aunque detalló que no es factible que el INE quede en resguardo del Poder Judicial, pues es peligroso porque se debe respetar la división de poderes.
“La iniciativa si puede hacerla, pero es un proceso complejo, El problema es que se hagan leyes en contra de la misma Constitución y la división de poderes, pero la deben hacer de una manera adecuada y justificada.
“Se debe de plantear de una manera jurídica correcta para que se hagan los cambios, aunque el riesgo es que vaya en contra de la democracia por ser poderes autónomos”, refirió el experto del Colegio de Abogados.
En el mismo sentido se pronunció el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío advirtió que la propuesta realizada por el mandatario “representará un problema jurídico importante”.
“Aquí hay un problema jurídico importante. Una cosa son los órganos federales y otra los nacionales. Los primeros no pueden actuar respecto de los otros poderes de la Unión ni de las entidades federativas. No son sustitutivos”, apuntó Cossío Díaz en Twitter.