En México no se respeta el Estado de derecho y las autoridades de la actual administración han demostrado que pueden pasar incluso por la Constitución para lograr sus objetivos; por ello no hay certeza de que los datos biométricos se utilicen de manera adecuada para combatir la corrupción y la inseguridad, coincidieron expertos y organizaciones civiles.
Durante el foro virtual, “¿Por qué y cómo cuidar los datos biométricos en México?", Max Kaiser, presidente de la Comisión Anticorrupción de Coparmex, señaló que si viviéramos en un Estado de derecho en donde se respetaran las leyes, y donde las autoridades atendieran los límites de sus funciones y la división de poderes, tendría objetivo "luchar" contra diversos delitos con el registro de datos biométricos.
“Vivimos en el país 121 de 128 en ausencia de corrupción, es decir, sólo hay siete países más corruptos que México, por ello nuestro miedo está plenamente justificado.
"Esta medida legislativa (sobre los datos biométricos) que pretende invadir la privacidad de las personas, es sumamente peligrosa ya que este Gobierno nos ha dicho que no los limita la Constitución, las leyes y no tienen empacho para utilizar las instituciones para incidir en sus objetivos”, destacó.
El experto refirió que los derechos de las personas se encuentran en vilo, ya que al no respetarse el Estado de derecho, no se puede asegurar que no se van a utilizar los datos de la gente de manera negativa.
“Debemos utilizar todos los recursos legales que estén a nuestro alcance para defendernos, pues al menos los instrumentos jurídicos nos pueden proteger de las autoridades”, subrayó.
Luis Pérez de Ancha, experto en Derecho Constitucional sostuvo que la gente no debe normalizar la intromisión de las autoridades en sus derechos fundamentales, por ello se debe realizar un esfuerzo colectivo por defender las garantías individuales sobre los datos biométricos.
“Hay un momento en el que debemos poner un hasta aquí, no dejar que se sigan vulnerando los derechos humanos, porque vamos a ciegas a que nuestros datos se utilicen de manera correcta y la seguridad no la tenemos.
"Necesitamos una seguridad constitucional y no comercial; por ejemplo en el SAT no se filtran porque hay manera de rastrearla y monitorearla, pero en empresas telefónicas no tenemos la certeza de que estén a salvo”, estimó.
María Elena Morera, directora de Causa en Común dijo que los legisladores no se dieron cuenta de que la iniciativa sobre el padrón de datos biométricos "no sirve" para combatir la inseguridad, ya que los criminales nunca se van a registrar en una plataforma para que los tengan en revisión, por ello aseguró que lo que deben hacer las autoridades es crear una estrategia de seguridad, "que hasta el momento no tenemos".
“Deben crear una estrategia de seguridad que no tenemos, revisar las cárceles que es donde salen la mayor parte de las extorsiones en el país. El Gobierno no controla un espacio cerrado, ahora imagínense controlar a 120 millones de líneas”, aseveró.