La suspensión definitiva de amparo, que otorgaron los jueces federales Juan Pablo Gómez y Rodrigo de la Peza contra de la ley de hidrocarburos, puede ser impugnada con una revisión ante un Tribunal Colegiado, señaló el abogado constitucionalista Ignacio Morales Lechuga.
En entrevista con La Razón, Morales Lechuga indicó que el Gobierno federal puede no impugnar la decisión judicial y esperar a que el juicio concluya o cause estado declarando la inconstitucionalidad de las reformas; con esa resolución puede acudir a la Corte y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en una revisión de la sentencia del juicio de amparo.
“Aunque la Corte puede declarar que no entraría al fondo del asunto porque la resolución tiene sustento o determina revisar el tema y los argumentos que manejó el juez”, explicó el exprocurador General de la República.
En caso de que el Tribunal Colegiado o la SCJN dieran la razón al juez Gómez Fierro, obligarían al Congreso a legislar de nueva cuenta en la materia, pero ahora respetando los derechos adquiridos por las empresas y los convenios internacionales firmados por México.
Morales Lechuga consideró que la resolución fue estructurada de manera impecable: “están muy bien fundadas; están, además, atendiendo a los tratados internacionales y están atendiendo a los derechos humanos derivados de la Constitución y de las Convenciones Internacionales suscritas por México, y que tienen la misma fuerza que el texto constitucional cuando reforman alguna ley que no ajusta a esas convenciones internacionales y que viola derechos humanos de inversionistas en materia de hidrocarburos”.
Además, dijo el abogado, los jueces concedieron la protección judicial porque se violentan los derechos humanos, en este caso de los empresarios que recibieron una concesión bajo ciertas condiciones y que sin mediar una negociación, se cambiaron.