Debido a la pandemia de Covid-19, el Instituto Nacional de Migración (INM) redujo 63.3 por ciento su presupuesto 2021 para llevar a cabo las deportaciones de indocumentados que llegan de Centroamérica y El Caribe.
Sin embargo, expertos señalan que este recorte puede resultar contraproducente, porque el tránsito de migrantes en la frontera sur se está reactivando.
De acuerdo con un documento en poder de La Razón, para la partida “Gastos por Servicios de Traslado de Personas”, el INM destinó 442 millones 319 mil 261 pesos en 2019, mientras que para 2020 los recursos contemplados bajaron a 162 millones 314 mil 938 pesos.
José María Ramo, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), aseguró que la baja en las deportaciones se debió al cierre de las fronteras por la pandemia, sin embargo, advierte que este año seguramente aumentará de nuevo el tránsito de personas, por lo que avizora un nuevo repunte en los regresos.
El experto señaló que a pesar de que bajaron las deportaciones, las personas continuaron pasando, aunque adelantó que en 2021 se espera que el número aumente a cifras históricas, lo que no está contemplado por las autoridades que siguen minimizando el tema.
“Bajó el flujo migrante por la pandemia, pero sólo fue un momento de respiro, porque en este año seguramente volverá a aumentar, además de que seguramente les dieron el mismo presupuesto, ya que por la emergencia sanitaria seguro regresaron el dinero, pero ahora se va a necesitar mucho por el aumento visible de la migración”, explicó.
De acuerdo a la Unidad de Política Migratoria (UPM) del INM, en 2019 se contabilizaron 145 mil 508 migrantes de Centroamérica deportados y de El Caribe 2 mil 099, que representan 12 mil 300 por mes. Mientras que en 2020 se registraron 52 mil de Centroamérica y 404 de El Caribe, en suma representan mil 58 regresos al mes (91.3 por ciento menos).
Para Soraya Vázquez, subdirectora de la organización Al Otro Lado, el Gobierno federal debe ya poner cartas en el asunto, pues con más llegada de migrantes y menos dinero para deportaciones, el escenario se podría agravar.
“En caso de que no se implementen los recursos para este 2021, va a pasar lo que ya ocurre en el país, pero más fuerte, pues el Gobierno mexicano no brinda atención a las familias migrantes y sí ya hay albergues saturados y menor capacidad de brindar atención médica, y más solicitudes de refugio, por ello puede empeorar al paso de los meses”, dijo.
A su vez, Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, señaló que “el Gobierno de México debe preparase con más recursos para todo lo que se viene en el tema migrante, ya que están aumentando las solicitudes de refugio y la misma migración desde Centroamérica”.
La especialista en migración dijo que el Gobierno de México debe contar con más recursos para reforzar albergues para los centroamericanos, que el Gobierno de Estados Unidos “avienta” a la frontera, así como mejorar los programas con Centroamérica y trabajar de manera conjunt,a ya que es un problema que puede ir en aumento.
En este sentido, de acuerdo con la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por sus siglas en inglés, las expulsiones de migrantes por el Título 42 (por ser de riesgo ante la emergencia por Covid-19), suman en marzo y abril de este año 217 mil 061 expulsiones, cifra 882.8 por ciento más que el mismo periodo, pero de 2020, cuando se contabilizaron 22 mil 084. Además, en marzo de ese año comenzó el programa Título 42.
