En el Senado

PRI pide a gobiernos diseñar estrategia para frenar venta de menores

PRI pide prevención, combate y erradicación de la venta de menores de edad, así como garantizar su seguridad y protección a sus derechos humanos

PRI pide frenar venta de menores.
PRI pide frenar venta de menores. Foto: AP.

El grupo parlamentario del PRI en el Senado propuso que se establezca una estrategia de coordinación entre los tres niveles de gobierno para frenar la venta de menores de edad en el país.

La senadora Verónica Martínez García enlistó en la Gaceta de la Comisión Permanente un punto de acuerdo en el que advirtió que en zonas urbanas y rurales las niñas continúan sufriendo graves afectaciones a sus derechos humanos debido a que son objeto de comercialización por parte de sus padres, familiares o terceros, para obtener un lucro indebido de ello.

Cuando una menor es vendida, pierde su libertad y no puede hacer nada. Generalmente son golpeadas y castigadas, haciéndoles creer que al ser de su propiedad no valen nada
señaló.

Compran menores desde 20 mil hasta 200 mil pesos

La legisladora explicó que, en algunas comunidades, los hombres acostumbran a pagar por niñas, a partir de los nueve años de edad, desde 20 mil hasta 200 mil pesos, incluso, “a veces los arreglos suelen ser por cerveza o por cabezas de ganado”.

Ante esta situación, la política coahuilense urgió a los tres niveles de gobierno a que intensifiquen las medidas de prevención, combate y erradicación de la venta de menores de edad, así como garantizar su seguridad y protección a sus derechos humanos.

Venta de menores es normalizada...

La senadora priista expuso que, en condiciones de desigualdad y pobreza extrema, la venta de niñas se vuelve una necesidad que se ha normalizado, al grado que nadie denuncia e inclusive “algunas madres o padres de familia esperan la edad propicia para efectuar el canje por alguna cantidad de dinero”.

Subrayó que las autoridades deben trabajar coordinadamente para diluir los patrones culturales, por lo que se debe diseñar una estrategia que permita terminar con ese tipo de prácticas en el país y atender a las víctimas para lograr su recuperación.

Martínez García precisó que las medidas que se lleguen a implementar para atender esta problemática deben contar con un enfoque de perspectiva de género.

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