La Secretaría de la Función Pública (SFP) amplió el plazo hasta el 31 de julio al personal de confianza y al 30 de septiembre a empleados operativos, sindicalizados y de base, para presentar su declaración patrimonial y de intereses correspondientes al periodo de 2021.
El pasado 1 de mayo inició el plazo para que cerca de 1.6 millones de servidoras y servidores públicos federales cumplan con la obligación de presentar su declaración patrimonial y de intereses.
La dependencia informó en un comunicado, que hasta el momento ha recibido más de un millón 200 mil declaraciones, en su modalidad de modificación del 2021, con lo que más de 75 por ciento de los trabajadores de la Administración Pública Federal ha cumplido con esta obligación constitucional.
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Destacó que la cifra de declaraciones recibidas es inédita para un solo mes, en comparación con el ejercicio de 2020 dicho número se obtuvo hasta noviembre. Además, añadió, se están recibiendo alrededor de 85 mil declaraciones por día, casi el doble del máximo recibido el año pasado que fue de 45 mil diarias.
Por lo anterior, en apoyo al personal que ha enfrentado obstáculos por las condiciones sanitarias que persisten, y con el propósito de que todos los servidores públicos presenten la declaración, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, publicó en el Diario Oficial el acuerdo para ampliar el plazo.
La funcionaria insistió en su llamado a todas y todos los funcionarios, en especial al personal de mando, que declaren no sólo su patrimonio sino también sus intereses, obligación ética para consolidar un Gobierno "honesto" y que efectivamente rinda cuentas.
Dio instrucciones para redoblar los esfuerzos de información y capacitación, que cuentan con la participación de los Órganos Internos de Control (OIC) y las Unidades de Responsabilidades de las empresas productivas del Estado, para brindar asesoría con el fin de alcanzar 100 por ciento de cumplimiento.
Sandoval Ballesteros dijo que en la propia SFP se está poniendo el ejemplo en cumplimiento, ya que fue la primera dependencia en concretar 100 por ciento de declaraciones patrimoniales y de intereses.
