La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval reconoció que México enfrenta “el desafío de seguir construyendo y fortaleciendo los derechos humanos en un diálogo y no en un enfrentamiento entre estado y sociedad”.
Al participar en la Mesa de Diálogo “Reflexiones a diez años de las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos”, Sandoval Ballesteros destacó que el avance de 2011 es histórico para los defensores de derechos humanos, pero principalmente para la sociedad que se beneficia de estos cambios.
“Nace un nuevo bloque de constitucionalidad que siempre favorecerá la protección más amplia de las personas en lo que los juristas han llamado el principio pro persona”, expuso la funcionaria.
Irma Eréndira Sandoval dijo que “la construcción de un estado donde se respeten a plenitud los derechos humanos exige que evaluemos permanentemente nuestras políticas públicas y la orientación de nuestro marco jurídico, hace 10 años vivimos la reforma histórica en no fue un logro partidista sino la coronación de una decisión ciudadana”.
Por su parte, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, afirmó que “la memoria exige recordar a quienes, en su demanda de democracia, entregaron vida y libertad para lograrla”.
Sauri destacó que entre el violento jueves de corpus de 1971 y 2011 pasaron 40 años, pero representan un paralelismo por sus implicaciones.
En 1971, destacó la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, jóvenes estudiantes fueron víctimas “de una decisión represiva y violenta, el Jueves de Corpus de 1971, que fue una cínica matanza de estudiantes perpetrada por grupos parapoliciales; la reforma constitucional registró el avance significativo en el proceso de transformaciones institucionales que reclama el pleno ejercicio de los derechos humanos”.
Dulce María Sauri destacó que en la década de 1970, el estado mexicano rectificó sobre lo sucedido en las inmediaciones de la Escuela Normal Superior. Desde entonces se llevaron a cabo esfuerzos que culminaron en 2011 con la reforma constitucional en materia de derecho de amparo y derechos humanos.
Durante el foro, convocado por el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) de la Cámara de Diputados, el coordinador de los legisladores de Morena, Ignacio Mier, recordó que la reforma constitucional aprobada significa que todas las acciones realizadas por los gobiernos deben pensar primero en el beneficio de las personas, antes que cualquier otra consideración.
“Hace 10 años esta reforma constitucional puso en el centro de la agenda a la persona humana, desde entonces es la base y centro de las decisiones públicas, incluye las decisiones del poder público, pero también del privado, nuevo paradigma que llegó para quedarse”subrayó Mier Velazco
El Congreso de la Unión reformó la constitución en 2011 para incluir la incorporación de todos los derechos humanos incluidos en tratados internacionales, como derechos constitucionales. La obligación de las autoridades de guiarse por el principio pro persona, es decir, que deberán preferir la norma o la interpretación que más convenga a la persona y tendrán que promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.