La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval afirmó que la corrupción “fue caldo de cultivo” para que ocurrieran tragedias como el caso de la Guardería ABC y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que son los nuevos referentes del abuso del poder y la represión.
Al participar en la Mesa de Diálogo “Reflexiones a 10 años de las Reformas Constitucionales en materia de Amparo y Derechos Humanos”, la funcionaria aseguró que también que “la corrupción fue el vehículo que permitió durante muchos años este abuso sistemático de los derechos humanos”.
Explicó que en la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014, en un hecho inédito se emprendieron acciones contra elementos de las Fuerzas Armadas por su participación en este ominoso suceso.
“En el caso de Ayotzinapa hemos tenido actuaciones y una investigación más profunda sobre el actuar de los servidores públicos. Establecimos sanciones como respuesta a las recomendaciones que tuvimos por parte de derechos humanos en este caso y en otros ámbitos del sector educativo”, expuso.
Ante especialistas y legisladores, la titular de la SFP subrayó que ha llegado la hora de abordar seriamente el problema de la responsabilidad del Estado en la violación de derechos humanos.
Aseveró que el actual gobierno ha combatido la corrupción estructural que descansa en el abusivo ejercicio del poder y va en contra del interés público y del pisoteo de los derechos individuales, a través de mejores medidas de control desde la SFP.
“Hemos estado trabajando para combatir la impunidad que señalamos como la hermana siamesa de la corrupción, y en el elemento de la violación de los derechos humanos trabajamos desde la Secretaría de la Función Pública con mucha convicción”, dijo.
Sandoval añadió que la SFP actúo ante las irregularidades detectadas en el ominoso fallecimiento de una niña guatemalteca en una estación migratoria, así como en la muerte de otra persona durante un incendio en esas mismas instalaciones del Instituto Nacional de Migración.
“Determinamos investigaciones profundas que pusieran en el centro la violación a los derechos fundamentales desde el servicio público; denunciamos penalmente a los responsables de estas ominosas pérdidas”, resaltó.
La titular de la SFP explicó que adicionalmente se hizo una investigación administrativa que terminó con la separación del cargo, inhabilitaciones y, desde luego, responsabilidades administrativas.