La secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez afirmó que no hay impunidad en las denuncias de acoso sexual y laboral presentadas en el recinto legislativo, ya que el procedimiento no ha llegado a su fin y se mantiene el seguimiento a los casos pendientes.
En entrevista con La Razón, afirmó que en el último año y medio se han promovido los lineamientos para atender casos de violencia al interior de la Cámara para que los trabajadores conozcan el procedimiento para realizar una denuncia.
Recordó que el año pasado se aprobaron estos lineamientos con la participación activa de legisladoras del grupo de Igualdad Sustantiva.
“Era un tema que estaba pendiente, que no se había resuelto y que en esta legislatura se hizo” manifestó.
A raíz de estos cambios, consideró que más trabajadoras se han podido acercar a la Unidad para Igualdad de Género para denunciar estas conductas, pues “la gente tiene más confianza”.
Este rotativo publicó que entre marzo de 2020 y abril de 2021 se presentaron 16 denuncias por acoso laboral, sexual o violencia de género en San Lázaro, de acuerdo con información proporcionada vía transparencia.
Al respecto, Báez Ricárdez detalló que hay siete casos en fase de investigación, es decir, se están recabando los elementos para comprobar las conductas denunciadas, y en otros tres están en la fase de sustanciación, en la que se realiza una audiencia entre la víctima y el presunto responsable para el desahogo de pruebas.
En tanto, detalló que se determinó la conclusión de seis casos al no haber encontrado elementos suficientes para comprobar las conductas denunciadas.
Agregó que en algunos casos hay más de una denuncia en contra de un mismo trabajador: “no se ha acabado, el proceso continúa. Algunos de esos casos ya fueron concluidos porque no se encontraron las pruebas, de acuerdo con la Contraloría”.
En cuanto a las sanciones, la secretaria general de la Cámara aseguró que se ha actuado de manera contundente. Expuso que hubo tres casos entre 2019 y principios de 2020 en los que se retiró de forma inmediata al personal acusado. Se trató de dos trabajadores de la Cámara de Diputados y uno del área de servicio médico.
“Eran varias denuncias y teníamos las pruebas, fue muy rápido”, precisó.
Recordó que la Unidad para Igualdad de Género es la encargada de informar a la Secretaría General sobre estos casos, mientras que la Contraloría, “que es la única facultada para hacer las investigaciones y emitir la conclusión del caso”, reporta a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la Mesa Directiva.
Dijo que encomendó a la Unidad actualizar la encuesta sobre discriminación y acoso sexual para localizar las áreas de oportunidad, pues los últimos datos disponibles eran de 2017.
“Estamos viendo un área de oportunidad en el tema de discriminación. Siempre hay personas que, por razón de género, clase económica o su color de piel, sufren discriminación”, concluyó.