La consulta popular sobre el juicio a los expresidentes contará, en principio, con la vigilancia de más de 2 mil 500 observadores electorales que cuidarán su correcto desarrollo.
Así lo dio a conocer el Instituto Nacional Electoral (INE), que señaló que #OcéanoCiudadano, una red de dos mil 512 observadores electorales acreditados que participaron en los comicios del 6 de junio, también participará para cuidar el proceso correspondiente a la consulta popular.
El consejero presidente Lorenzo Córdova, quien sostuvo una reunión virtual con representantes de más de 45 asociaciones civiles que realizaron el ejercicio de observación en este proceso electoral, ratificó el compromiso de la autoridad electoral para la organización de la consulta popular.
Destacó que así como en los comicios del 6 de junio fue de gran relevancia la actuación de los observadores electorales, en el ejercicio del 1 de agosto la observación será uno de los elementos fundamentales para su desarrollo.
Por su parte, la consejera electoral Adriana Favela, quien se reunió con las organizaciones agrupadas en la red #OcéanoCiudadano, resaltó el acompañamiento que tuvieron las autoridades electorales por parte de los observadores.
Por ello, les pidió mantener su apoyo al INE: “No solamente en época de elecciones, sino durante todas las actividades permanentes que el INE realiza, ya que existe una narrativa de confrontación y llamados a descalificar a la autoridad electoral”.
En este contexto, los integrantes de #OcéanoCiudadano se comprometieron a continuar la labor de observación electoral durante la organización de la consulta popular del 1 de agosto.
El INE detalló que durante en el proceso electoral federal #OcéanoCiudadano participó en la observación de diferentes etapas: la conformación, trabajos y actuación de los comités electorales, juntas distritales, reclutamiento de capacitadores, asistentes y la capacitación debida; la formación y desarrollo de las campañas, alianzas y coaliciones; la selección y trayectoria de los candidatos; la actuación de los tribunales electorales; el monitoreo de la interferencia de gobernantes, y el uso transparente de programas sociales.
