A una semana de que comenzó la entrega de las constancias de mayoría a los ganadores de las elecciones por las 15 gubernaturas, cinco excandidatos y gobernadores electos presentaron impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Los mandatarios electos de Chihuahua, María Eugenia Campos, y de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, presentaron recursos ante la Sala Superior para que los magistrados resuelvan agravios pendientes de las campañas.
La gobernadora electa de Chihuahua demandó a la Sala Superior del TEPJF resuelva sobre las presuntas infracciones imputadas a la funcionaria estatal, Liliana Rojero Luévano, y al senador Gustavo Madero por supuesto uso indebido de recursos públicos, coacción del voto, expresiones de calumnia y denigratorias, y violencia política de género en su contra.
El gobernador electo de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, reclamó la amonestación pública que le impuso el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit (TEEN) por colocar propaganda que no cumplió con todos los requisitos, la cual no identificó como propia.
Los excandidatos a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Larrazábal, del PAN y Adrián de la Garza, de la coalición PRI-PRD presentaron recursos por sentencias relacionadas con propaganda electoral.
El panista impugnó ante el TEPJF la resolución que emitió el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEENL), que concluyó que incurrió en actos anticipados de campaña a través de dos publicaciones en redes sociales.
Adrián de la Garza recurrió a la Sala Superior para que resuelva sobre la sentencia del TEENL, que estableció que vulneró el interés superior de la niñez al publicar en sus redes sociales mensajes en los que aparecen menores, sin cumplir con los requisitos que establecen los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral.
El excandidato a la gubernatura de Michoacán, Raúl Morón Orozco, de Morena, también impugnó ante el TEPJF las faltas que se le atribuyeron por presuntamente haber cometido actos anticipados de campaña, vulnerando el principio de equidad de la contienda.
Entre los recursos que ha registrado la Sala Superior se incluye uno presentado por Marcela Dávalos Aldape, que se ostenta como representante del partido Democracia Ciudadana, quien denunció la presencia del crimen organizado en diferentes entidades en las que Morena ganó los comicios del 6 de junio.