La administración del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, concluirá sin otorgar la prometida justicia contra el exgobernador de ese estado, César Duarte, señalado por corrupción y quien se encuentra en una cárcel en Estados Unidos.
Cuatro años de la llamada Operación Justicia, instrumentada por el Gobierno corralista para castigar los actos cometidos por Duarte Jáquez y sus colaboradores, cerrarán sin resultados en poco más de dos meses.
Corral Jurado dejará el puesto el 7 de septiembre y la Secretaría de la Función Pública de su Gobierno perdió 35 casos de la citada operación en contra de colaboradores del exgobernador —cuatro relacionados con el propio Duarte— debido a que la dependencia sustentó sus procedimientos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos local y no en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que entró en vigor en 2017, en el lugar de la primera.
Al tratarse de una ley del tipo nacional y luego de que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) votara a favor de que la norma aplicable sería la ley general, el Gobierno estatal ya ha presidido su derecho —y la oportunidad de hacer justicia con el procedimiento por más de mil 700 millones de pesos— sin éxito y sin oportunidad de echar mano de alguna ley local o de acudir a cortes internacionales, explicó la abogada Mina Moreno.
“Será beneficioso para Duarte. Lamentablemente, al ser la última oportunidad para que se logre justicia, ésta es una de las consecuencias que trae (...) No hay nada que hacer porque la última voz en este caso la tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en este caso no procedería que se fuera a cortes internacionales”, destacó.
En entrevista con La Razón, la especialista de Justicia para Todos explicó que la administración local no podría crear una ley secundaria, dado que la que rige es la nacional. La única posibilidad que tiene el Gobierno estatal sería crear una “ley de procedimientos administrativos” que se adapte a las disposiciones federales.
Ante la resolución de la SCJN, los procedimientos deberán reponerse bajo los términos de la nueva ley, según dio a conocer la propia Secretaría de la Función Pública a El Diario de Chihuahua.
El gobernador Corral Jurado aseguró que, aunque la próxima administración —que estará encabezada por la panista Maru Campos— deberá dar continuidad a algunos procedimientos que se abrieron durante su administración como parte de la Operación Justicia, su Gobierno la cumplirá “hasta el último día”.
La resolución de la Corte también puede repercutir en estados donde se hayan elaborado proyectos con la ley anterior.
“Esto puede pasar en todo el país en donde haya procedimientos administrativos iniciados en el mismo supuesto; todos corren el riesgo de que ya no se puedan ejercer las acciones administrativas.”
Corre en paralelo la vía penal contra el exgóber
Como parte del Operativo Justicia con el que se investiga al exgobernador de Chihuahua César Duarte, el Gobierno de Javier Corral ha ejercido acción penal en 117 ocasiones en contra de personas relacionadas con actividades del exmandatario.
La Fiscalía del Estado ha cumplimentado 85 órdenes de aprehensión, 74 vinculaciones a proceso y ha logrado 16 sentencias condenatorias relacionadas con el operativo implementado para hacer justicia luego de que a Duarte Jáquez se le acusara de delitos de peculado y corrupción.
Hasta el último informe de resultados de esta operación, por medio de procedimientos penales emitidos por el Gobierno estatal, se han recuperado más de 54 millones de pesos por “reparación del daño” y pago de multas.
La administración embargó 34 bienes e inmuebles relacionados con el exfuncionario, que suman un valor de 278 millones 197 mil 268 pesos; además se han recuperado 206 vehículos por un valor de más 50 millones 840 mil pesos, así como cuentas bancarias embargadas por más de 161 millones de pesos, de acuerdo con los datos del Gobierno estatal.
Duarte Jáquez fue detenido en julio del año pasado en Florida, Estados Unidos, luego de permanecer más de tres años prófugo y con casi una veintena de órdenes de aprehensión en su contra por delitos cometidos durante su administración.
