La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló el recorte presupuestal que realizó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico AC.
En un comunicado, el Conacyt informó que la Segunda Sala de la SCJN resolvió por unanimidad el amparo en revisión 76/2021, por lo que el Conacyt podrá utilizar “los recursos públicos de manera austera, responsable y con sentido social”.
En enero de 2020, el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió un amparo al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y ordenó al organismo entregar los recursos basado en los mismos parámetros utilizados hasta 2019, año en el que las autoridades desconocieron su obligación legal de dotar de recursos al foro.
La Segunda Sala determinó que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico es una entidad privada que realizaba funciones públicas que únicamente corresponden a órganos de la administración pública, en este caso Conacyt.
En cuanto a los exdirectivos de la asociación civil, que argumentaron afectaciones a su participación en el proceso de creación científica, al acceso a los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica y su libertad de trabajo y asociación, la SCJN resolvió que la reducción de recursos no limita su operación.
Además, la Segunda Sala determinó que la situación financiera de este órgano no afecta la participación de ninguna persona en el proceso de creación científica, puesto que se trata de una asociación dedicada a la divulgación y no a la generación de conocimiento.
Conacyt, encabezado por María Elena Álvarez-Buylla señaló que durante la administración anterior, la asociación civil recibió recursos anuales por más de 50 millones de pesos para “el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores, y para sufragar gastos relativos a inversiones, telefonía celular, viáticos, seguridad privada, gestión de redes sociales, cabildeo legislativo, servicio de bocadillos y otros”.
Por ello, expuso que aún está pendiente que las autoridades competentes realicen el deslinde de las responsabilidades administrativas o penales correspondientes en su caso.
LRL
