Trabajadores mineros de Cananea obtuvieron un aumento de 6 por ciento directo al salario, retroactivo al 6 de junio, y 2.7 por ciento en prestaciones, anunció Javier Villarreal, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero Metalúrgica-CTM.
En conferencia de prensa en la sede de la Confederación de Trabajadores de México, el líder de dos mil mineros informó que con este incremento al salario se conjuró la huelga en la mina de Cananea, administrada por Grupo México, programada para las 7 horas de este jueves.
Destacó que luego de dos meses de intensas negociaciones con los directivos de Grupo México se acordó también que los mineros tengan las utilidades que les corresponden, pese a la reforma laboral que fijó un tope de 90 días de salario del trabajador o al promedio de PTU de los últimos tres años.
“El día más esperado de todo el año en Cananea es el reparto de utilidades, en mayo”, afirmó el dirigente minero al destacar que este acuerdo sentará un precedente que beneficia a los trabajadores de otras empresas del ramo.
Dijo que el sindicato y Grupo México acordaron que, en caso de que las utilidades rebasen ese 10 por ciento fijados por la ley laboral, se sentarán a negociar en abril de 2022 la forma en que serán entregadas las participaciones de trabajo.
Explicó que el acuerdo con la empresa plantea que, si al trabajador de Cananea le corresponden 360 mil pesos de utilidades, pero el promedio de los últimos tres años es de 310 mil pesos, los 50 mil pesos restantes se completarán con un bono, gratificación o una compensación económica.
Informó que, pese a la negociación sobre utilidades, el sindicato cetemista promovió un amparo que está en proceso, en contra del tope a las PTU porque la reforma al outsourcing “viola los principios de la Constitución, particularmente el artículo primero que establece la progresividad. No pueden aprobarse leyes regresivas”, advirtió.
Javier Villarreal recordó que esta conquista laboral es un derecho establecido en la Carta Magna que tienen los trabajadores, y poner un límite afecta el derecho constitucional adquirido.
