La Asociación Industrial de Comercio de Armas (NSSF, por sus siglas en inglés) rechazó la demanda interpuesta por México contra las prácticas de empresas productoras, y señaló que las acusaciones de tráfico transfronterizo carecen de fundamento.
“Estas acusaciones carecen de fundamento. El Gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras ”, expuso en un comunicado Lawrence G. Keane, Vicepresidente Senior y Asesor Jurídico de NSSF.
Keane señaló que las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en combatir a los cárteles, en lugar de buscar a un “chivo expiatorio” en las empresas estadounidenses.
“La actividad criminal de México es un resultado directo del tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y los cárteles del crimen organizado que plagan a los ciudadanos de México. Son estos cárteles los que hacen un uso indebido delictivo de armas de fuego importadas ilegalmente a México o robadas al ejército mexicano y a las fuerzas del orden público”, manifestó.
La NSSF afirmó que todas las armas de fuego que se venden dentro de los Estados Unidos se rigen en acuerdo a las leyes federales y estatales, con una verificación de antecedentes del FBI y formularios completados, por lo que negó incurrir en prácticas negligentes.
Indicó que 12 por ciento de las armas incautadas en México en 2008 provenían de Estados Unidos. Es decir, de 30 mil armas sólo se pudo comprobar que 3 mil 480 provenían del país.
En cambio, apuntó que de acuerdo con cables del Departamento de Estado de Estados Unidos, las armas más letales utilizadas por los cárteles mexicanos provienen de los arsenales centroamericanos, así como de armas estadounidenses de soldados que desertaron del Ejército.
Industria de armas incurre en prácticas ilícitas, responde la SRE
En respuesta, la Cancillería emitió una tarjeta informativa en la que señaló que la industria de armas tratará de deslindarse del tráfico ilícito de armas a México y los daños que ocasiona por prácticas negligentes.
“Se esperaba que tratarían de litigar el asunto en medios y no en cortes donde ante un juez se tendrá que valorar la evidencia que existe actualmente”, apuntó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En tanto, reiteró que la demanda no está en contra del comercio de armas, sino de las prácticas que calificó como ilícitas y negligentes.
“La Corte conocerá los hechos y las evidencias, no los mensajes superficiales que pretenden legitimar su enriquecimiento desmedido a costa de la muerte de cientos de personas”, sostuvo la Cancillería.
Por ello, señaló que las empresas deben contar con políticas más estrictas como abstenerse de anunciar entre la población civil armas para fines militares; sancionar a distribuidores y vendedores que violan la ley estadounidense; cooperar con las autoridades estadounidenses para identificar armas utilizadas en delitos en México y no dirigir publicidad a grupos delictivos.
Detalló que las empresas demandadas producen un 68 por ciento de las armas traficadas de origen estadounidense. Además, entre 70 a 90 por ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen en México provenían de Estados Unidos.