Las organizaciones que representan a las escuelas e instituciones particulares se negaron a aprobar el proyecto de Norma Oficial Mexicana 237-SE-2020, mediante el que se busca certificar y regular sus tarifas y servicios.
Consideraron que la regulación de tarifas “generará una sobrerregulación que traerá como consecuencia costos adicionales de operación para la educación particular” y que eso afectará la economía de padres de familia, que desaparezcan escuelas particulares más chicas y se creará “un negocio millonario para unas cuantas empresas certificadoras”.
Las organizaciones, que integran a aproximadamente cuatro mil escuelas privadas, abandonaron la mesa de trabajo, convocada por la Secretaría de Economía (SE) y en la que se analizaría la aprobación de la Norma, alegando que esa regulación de tarifas terminará afectándolos.
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Además, señalaron que el proyecto de Norma es contrario a lo que propuso Jesús Cantú, titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la SE, ya que "no es participativo, inclusivo y de atención e incorporación", como les había anunciado.
Las escuelas privadas también denunciaron que la Procuraduría Federal del Consumidor, el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía, la Secretaría de Economía y asesores externos del Gobierno los han "marginado" y han restringido la posibilidad de diálogo hasta el punto de “expulsar” a los representantes de las instituciones privadas.
Entre las organizaciones que rechazaron que se regule y certifiquen sus servicios se encuentran la Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM); Alianza para la Educación Superior (ALPES); Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE – ANEP); Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI); y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP).
Las organizaciones consideran incluso recurrir a instancias internacionales de ser necesario.
EGC
