El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detectó en 2020 que Birmex, Insabi, Diconsa, y las secretarías de la Función Pública (SFP) y Marina (Semar) priorizan las adjudicaciones directas como regla de contratación con proveedores privados, por encima de la licitación pública.
A través de la investigación del Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), el organismo advirtió que esto implica mayor susceptibilidad a la corrupción y representa una barrera a la competencia en las compras públicas.
Expuso que Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V, empresa de propiedad estatal, asignó 98 por ciento del monto destinado a compras públicas por el procedimiento de adjudicación directa, es decir, más de tres mil 800 millones de pesos gastados sin concurso.
IMCO destacó que el Insabi destinó 12 mil millones de pesos en compras públicas a través de adjudicaciones directas, 75 por ciento del monto total el año pasado.
En tanto, la Semar no destinó recursos por licitación pública en 2020. Adjudicó mil 900 millones de pesos por adjudicación directa (72 por ciento) y 671 millones por invitación restringida (25 por ciento).
El instituto detalló que ocho de cada 10 pesos gastados por la SFP en procesos de compra fueron por adjudicación directa, sólo uno de cada 10 se destinó a procesos de licitación pública.
Mientras que Diconsa adjudicó únicamente cuatro por ciento a través de licitaciones, lo que representa 460 millones de pesos.
"La ausencia de criterios objetivos para seleccionar proveedores abre espacios a decisiones discrecionales y fallas en la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley. Las instituciones federales realizan más de 150 mil compras cada año", agregó.
El IMCO resaltó que con el objetivo de monitorearlas, desarrolló el IRC, el cual identifica las áreas de riesgo y malas prácticas en cada una de las instituciones federales.
Cabe señalar que las leyes de adquisiciones y obra pública en México establecen que las compras públicas se asignarán por regla general a través de licitaciones públicas y sólo en casos excepcionales, debidamente justificados, por adjudicación directa o invitación restringida.
La finalidad, puntualizó el IMCO, es garantizar la competencia entre posibles proveedores y asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y crecimiento económico.
EGC
