La crisis forense y la desaparición de personas en México son un crimen de lesa humanidad que se tiene que castigar, aunque hay poca voluntad de los gobiernos para erradicar el problema, advirtieron organizaciones y colectivos de búsqueda de personas.
En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, los colectivos señalaron que, si bien hay un interés de la actual administración federal por el tema, no es suficiente ya que el problema de desaparición y falta de identificación en decenas de panteones, servicios forenses y fosas, es un tema que no se va a resolver de la noche a la mañana.
En entrevista con La Razón, José Ugalde, vocero del Movimiento Nacional de Desaparecidos, dijo que el panorama en el país es negro, ya que son miles las personas que no han sido halladas, y hasta el momento no hay algún plan para detener el problema, lo que es una crisis de lesa humanidad.
“Esto es algo que todavía no comprendemos, no sabemos por qué desaparecen las personas, pero lo que sí es un hecho es que no hay culpables, sentencias o detenciones, lo que abona a que exista impunidad. Sin embargo, lo positivo es que hay más interés de la actual administración ya que la anterior sólo escondió cifras, simuló y escondió toda la verdad, lo que es un delito de lesa humanidad”, aseveró.
El activista mencionó que el gobierno debe dar atención y prioridad a las desapariciones junto a los estados, para que mejoren sus servicios forenses junto a las fiscalías, sino el país va a caer en una crisis aún mayor. “En gobiernos anteriores utilizaron las desapariciones como forma de ocultar a sus enemigos, sean estudiantes, políticos u opositores, eso es un crimen que alguien debe pagar”, estimó.
En dos años y nueve meses de la gestión del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador las desapariciones aumentaron 17.09 por ciento con respecto al mismo periodo del expresidente Enrique Peña Nieto, al pasar de 44 mil 710 a 52 mil 353 personas, de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).
Además, la localización de personas en la gestión de López Obrador, disminuyó 8.8 por ciento respecto a la de Peña Nieto en dos años y nueve meses de gestión.
Al respecto Lucy Díaz, del colectivo Solecito de Veracruz, dijo que en el país no hay nada que celebrar porque no ha habido ningún avance, además de que no hay reacción del Gobierno federal a la cada vez más constante desaparición de personas.
Respecto al Mecanismo Extraordinario de Identificación forense que se dará a conocer en la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), señaló que ayudará para dar a conocer la identidad de todas aquellas personas que han sido olvidadas en cementerios y servicios forenses. “En lo que va a ayudar el mecanismo es en llevar al laboratorio todas las pruebas y restos que ya se tienen, debido a que es necesario encontrar a todas esas personas que los buscan sus familias por año y que no han tenido respuesta”, explicó.
La activista dijo que en esta administración ya no hay simulación, ya que no hay afán de mentir, aunque falta mucho trabajo por realizar, ya que las cifras antes del 2018 no son confiables en ningún rubro, ya sean homicidios, feminicidios o cualquier delito violento.
En gobiernos anteriores usaron las desapariciones como forma de ocultar a sus enemigos, sean estudiantes, políticos u opositores, eso es un crimen que alguien debe pagarJosé Ugalde<br>Vocero del Movimiento de Desaparecidos
Por su parte, Delia Quiroa, del colectivo Diez de Marzo, aseguró que el panorama en el país va empeorando al paso de los meses y años, ya que de nada sirve hacer búsquedas si las autoridades no identifican los restos que se localizan, lo que abona a que la crisis forense se haga más grande por la falta de insumos para ello.
“Va empeorando porque hay una crisis forense, porque lo que se identifica no es procesado y por ello no se conoce a quien se encuentra, aparte de que la Comisión Nacional de Búsqueda lleva poco tiempo trabajando y aún los resultados son muy pocos”, aseveró.
La buscadora dijo que el Mecanismo Extraordinario puede funcionar, sólo si las autoridades estatales y las fiscalías lo respetan, ya que de su parte no hay interés, capacitación o apoyo de las víctimas. “Los Ministerios Públicos ignoran a las víctimas, hay mucha burocracia y ni tacto tienen para responder y atender a las personas, pues llegamos desesperadas y solo se reciben maltratos y desprecio de su parte”, agregó.