Este miércoles, en la primera sesión de la LXV legislatura de la Cámara de Diputados, Morena buscará la aprobación de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, en la que amplía los márgenes para presentar una denuncia con sólo los indicios de un presunto delito, entre otras modificaciones.
La nueva ley abrogaría la Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos, que actualmente regula el actuar para iniciar un juicio político contra funcionarios.
El dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación y Población se basó en la iniciativa que fue presentada en la recta final de la pasada legislatura por el diputado Rubén Cayetano e integrantes del grupo parlamentario de Morena.
Sin embargo, el bloque de la cuarta transformación no logró los votos necesarios para que la Comisión Permanente avalara un periodo extraordinario para su discusión, por lo que el pendiente se pasó a la legislatura que inicia este miércoles.
La ley vigente establece que cualquier persona podrá presentar una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados con pruebas documentales y elementos probatorios suficientes para sustentar la acusación.
Sin embargo, la nueva ley establece que bastarán datos o indicios suficientes para sustentar la existencia de un posible delito. Y, en caso de que los elementos estén en posesión de una autoridad, la Comisión Jurisdiccional podrá solicitarlos a petición del denunciante.
La propuesta de Morena indica que en el caso de juicio político los titulares del ejecutivo de las entidades federativas, diputados locales y magistrados de tribunales locales, se comunicarán a las legislaturas locales para que procedan según lo decretado en definitiva por la Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, mientras que en la Constitución sólo indica que las legislaturas locales deben proceder según corresponda cada caso.
En las sanciones, Morena propone ampliar la inhabilitación en el servicio público desde 10 hasta 30 años, mientras que en la Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos se plantea un mínimo de un año y hasta 20 años.
En tanto, la Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio político mediante la Comisión Jurisdiccional, no las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales como lo marca la ley vigente.
Otro de los cambios será que, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, la Cámara designará a cinco integrantes de la Comisión para que integren la Sección Instructora.
“La Sección Instructora hará entrega de sus conclusiones a la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para que ésta dé cuenta de las mismas a las y los integrantes de la Cámara y los convoque a sesión, misma que deberá realizarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de las conclusiones”, apunta el dictamen.
La iniciativa de Morena plantea que, en el caso del Presidente de la República, la Sección Instructora determinará si existe la comisión de un probable delito. De ser así, la Cámara de Diputados se constituirá en órgano de acusación y, de aprobarlo, continuará el procedimiento ante el Senado de la República.
“Si el Jurado de Procedencia encuentra responsable a la persona titular de la Presidencia de la República, en la sentencia resolverá con base en la legislación penal aplicable”, detalla.
De acuerdo con el artículo 108 de la Constitución, el Presidente podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano.
ANR
