La Cámara de Diputados aprobó en lo general, el dictamen de la ley de juicio político y declaración de procedencia luego de casi tres horas de debate en el pleno, en las que la oposición amagó, incluso, con interponer una acción de inconstitucionalidad por “brincarse” el proceso legislativo. Inmediatamente inició la discusión de 60 reservas.
El dictamen fue aprobado a las 2:36 de la madrugada con 273 votos a favor de las bancadas de Morena, PT y PVEM, mientras que se emitieron 220 sufragios en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.
Los grupos parlamentarios de oposición pidieron regresar el dictamen a comisiones, ya que es un asunto heredado de la pasada legislatura, por lo que los nuevos diputados no han podido aportar sus propuestas sobre este tema.
Sin embargo, a petición del morenista Jaime Humberto Pérez, se puso a discusión y aprobó que el dictamen fuera considerado como de urgente resolución, por lo que se dispensaron los trámites y se sometió a votación sin regresar a comisiones.
La ley, entre otras modificaciones, pondera la resolución de la Cámara de Diputados sobre juicio político, que deberá ser acatada por los congresos locales.
La nueva ley abrogaría la Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos, que actualmente regula el actuar para iniciar un juicio político contra funcionarios.
La propuesta de Morena indica que en el caso de juicio político los titulares del ejecutivo de las entidades federativas, diputados locales y magistrados de tribunales locales, se comunicarán a las legislaturas locales para que procedan según lo decretado en definitiva por la Cámara de Diputados, erigida en jurado de procedencia, mientras que en la ley vigente sólo indica que las legislaturas locales deben proceder según corresponda cada caso.
Es decir, impone la decisión de la Cámara de Diputados para que sea acatada por los congresos locales.
En tribuna, la priista Ana Lilia Herrera expuso que un 70 por ciento de los diputados desconocen el dictamen y que no podía analizarse en unas horas, por lo que acusó que atenta contra la participación en discusiones de igualdad.
Jorge Triana, diputado del PAN señaló que los legisladores incurrieron en un acto “extralegal” porque se hizo “copy paste” de una iniciativa de la pasada legislatura.
“Se pretendía revivir, hacer un refrito de una iniciativa de la legislatura anterior hacia esta”, apuntó el panista.
En tanto, el emecista Salvador Caro advirtió que interpondría una acción de inconstitucionalidad si se aprueba la ley en estos términos.
El diputado propuso la no prescripción de las causales de juicio político por corrupción, así como analizar la inhabilitación perpetua. Por ello, hizo un llamado a la bancada morenista para trabajar la ley.
Por separado, el diputado del PT, Benjamín Robles Montoya destacó que la ley describe los procedimientos para retirar el fuero a los servidores públicos, así como el procedimiento de juicio político. “No le sigan haciendo a la chimoltrufia”, dijo a los legisladores de oposición.
A su vez, la morenista Lidia García pidió al bloque opositor tener “tantita vergüenza porque no quieren combatir la corrupción y mucho menos la impunidad, sino que quieren seguir viviendo en lo mismo, quieren seguir siendo cómplices de la corrupción”.
De acuerdo con el dictamen, Morena propone ampliar la inhabilitación en el servicio público desde 10 hasta 30 años, mientras que en la Ley federal de responsabilidades de los servidores públicos se plantea un mínimo de un año y hasta 20 años.