Asociaciones de escuelas particulares en México denunciaron que la sobrerregulación propuesta en la Norma 237 por la Secretaría de Economía (SE) traería como resultado el cierre de 18 mil escuelas privadas, equivalente a 44.7 por ciento de los 40 mil 243 planteles en México.
Lo anterior, representaría la pérdida de, cuando menos, 108 mil empleos de docentes, directivos, auxiliares administrativos y de mantenimiento.
Aunado a ello, el cierre afectaría, por lo menos, a 540 mil estudiantes.
Lo anterior fue señalado por Itzel Carmona, representante de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), durante una conferencia virtual este lunes, en donde señaló que el cálculo realizado es “mínimo”, debido a que cada institución es diferente y diversa.
“Lo que hicimos fue un cálculo del menor daño posible, considerando que la estructura de cada una de estas 18 mil escuelas que se verían afectadas, multiplicamos un director por 18 mil escuelas, tres maestros por 18 mil escuelas, una secretaria, una persona de mantenimiento y unos 30 estudiantes por cada escuela”, señaló Itzel Carmona.
La previsión del cierre de dichas escuelas se debe a que en el proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM) 237 se contempla una serie de regulaciones consideradas por la comunidad de escuelas particulares como inconstitucionales, debido a que son invasiva de las facultades de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
De acuerdo con la SE, el propósito de la NOM 237 es establecer las especificaciones que los prestadores de servicios educativos deben cumplir para informar a padres de familia sobre los servicios que se prestan de manera transparente.
Sin embargo, las escuelas particulares aseguran que dichas regulaciones se traducirían en costos que se tendrían que reflejar en las cuotas y colegiaturas.
“Estamos hablando que los costos de operación van a aumentar y seguramente se tienen que trasladar a estas cuotas que aportan las familias. Se aumentaría y eso afectaría no solo por el tema económico, sino también se limitarían las libertades para elegir las opciones educativas”, expresó Itzel Carmona.
Esto representaría un aumento en los gastos de operación de entre el 25 y 30 por ciento, lo que además significaría un problema para el pago de nómina del personal educativo.
Por su parte, Jesús Nájera, consejero de Alianza de Colegios Multiculturales de México (ACOMM), señaló que las regulaciones que proponen no se pueden aplicar, debido a que las escuelas privadas no son establecimientos mercantiles.
“Intentar mezclar peras con manzanas, es decir, la educación, que es un servicio social, con un producto mercantil es un despropósito”, continuó.
Indicó que hoy en día hay un gran número de obligaciones que “ahoga a las instituciones particulares de educación”.
