Luego de que un juez federal negara de manera definitiva girar las órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), tras la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) para ejercer acción penal por delincuencia organizada y lavado de dinero, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero reviró, y aseguró que va por una solicitud más.
La resolución del juez del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya consideró que los hechos señalados no corresponden a los delitos que la Fiscalía pretende imputar a los científicos, debido a que supuestamente los integrantes del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT) recibió entre enero de 2013 y junio de 2019, 244 millones de pesos.
“La FGR puede impugnar la resolución del día de hoy ante un tribunal colegiado. Los 31 académicos imputados por la FGR están en proceso de ser notificados de la sentencia”, expresó.
El jurista consideró que “la Fiscalía no presentó elementos suficientes para llamarlos a juicio a través de una orden de captura”.
Por ello, otorgó a la FGR 15 días para identificar sus deficiencias y fortalecer sus argumentos ante su petición, por lo que la investigación sigue en curso.
En respuesta, la dependencia federal informó que volverá a solicitar la orden de aprehensión en contra de 31 científicos, académicos y ex funcionarios del Conacyt, a quienes acusó por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía señaló a los académicos de Conacyt de autorizarse recursos para la asociación civil Foro Consultivo Científico y Tecnológico, para realizar tareas que el Consejo ya desempeñaba.
“El juez de Distrito señala en su negativa que la empresa privada que crearon, autorizaron y fondearon servidores públicos del Conacyt, para después incorporarse a ella; y en la que ellos mismos utilizaron recursos federales destinados a la investigación científica para favorecer a dicha empresa privada en su compra de muebles, vehículos, inmuebles, salarios y servicios directos, no es un hecho delictivo, en razón de que el Foro de Consulta señalado en el estatuto del Conacyt, lo autoriza”, detalló.
Por ello, agregó la dependencia, “se volverá a solicitar la orden de aprehensión, explicando con toda claridad lo que se considera un hecho delictivo patrimonial imputable a dichas personas, así como las pruebas que lo acreditan”.
HUBO DENUNCIA EN 2019
El Conacyt informó que durante un proceso judicial con el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico en 2019 se hicieron evidentes posibles irregularidades ejecutadas a través de asignaciones directas millonarias, por lo que se dio aviso al Ministerio Público.
En un comunicado, explicó que en 2019 mantuvo un proceso de diálogo con el Foro, el cual exigía al Consejo recursos anuales por 50 millones de pesos; sin embargo, el Consejo ofreció un “monto modesto”, pero fue rechazado por el Foro y en cambio judicializó el caso.