La diputada de Morena Lidia García Anaya presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) a que fortalezca y justifique la carpeta de investigación en contra de los 31 científicos de Conacyt.
"La Cámara de Diputados exhorta a la Fiscalía General de la República a fortalecer y justificar la carpeta de investigación que solicita la aprehensión de 31 investigadores, científicos y personal administrativo integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de Conacyt", manifestó en el punto de acuerdo.
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La morenista recordó que a los 31 académicos se les acusa de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
García Anaya expuso que el fiscal Alejandro Gertz Manero partió de una denuncia interpuesta por la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, en contra de la comunidad científica, por los presuntos delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
Sin embargo, advirtió que de acuerdo con versiones periodísticas existe una supuesta venganza en contra los miembros de Conacyt, quienes se manifestaron por el nombramiento de Gertz Manero como investigador categoría nivel III en el Sistema Nacional de Investigadores.
Además, subrayó que un juez federal rechazó dictar las órdenes de aprehensión al considerar que los hechos imputados no corresponden o se adecuan a los delitos que se pretenden atribuir a los investigadores.
Por ello, urgió que el Ministerio Público en el caso se apegue a los principios de autonomía, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez establecidos en la Ley General de la FGR.
En tanto, añadió que se presume que la demanda asciende a un desvío de 50 millones de pesos otorgados al Foro Consultivo, Científico, y Tecnológico operado a lo largo de varios años por Conacyt, según versiones periodísticas.
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En otro punto de acuerdo, el panista Santiago Torreblanca exigió que la FGR decrete el no ejercicio de la acción penal y detenga la investigación y persecución en contra de 31 científicos.
Lo anterior con base en lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el juicio de amparo en revisión 76/2021, en el que se determinó la legalidad de la transferencia de los recursos llevada a cabo con anterioridad de la reforma al Estatuto Orgánico.
FGR
