Los homicidios dolosos en los que la víctima fue una mujer son 173 por ciento más que los asesinatos investigados como feminicidios en el país.
Mientras que entre enero y agosto pasado se contabilizaron 692 mujeres víctimas de feminicidio en todo el territorio nacional, en el mismo periodo se registraron mil 889 mujeres que perdieron la vida por delitos catalogados como homicidio doloso.
En 18 de las 23 entidades en las que la autoridad ha activado Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), la cifra de víctimas de feminicidio es más baja que la de homicidios dolosos de mujeres, por lo que son más los casos en los que se determina que la causa de muerte no se debió a razones de género.
Se trata de los estados de Michoacán, Morelos, Estado de México, Veracruz, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo, Nayarit, Zacatecas, Oaxaca, Jalisco, Puebla, Baja California, Tlaxcala, Colima, Sonora, Chihuahua y la Ciudad de México.
En los estados de Chiapas, Nuevo León, Sinaloa y Durango, la cifra de víctimas de feminicidios superó a las de homicidios dolosos, mientras que el estado de Campeche registró la misma cifra para ambos delitos (5).
De acuerdo con la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en México se registraron 1.02 feminicidios por cada 100 mil mujeres entre enero y agosto. Sin embargo, a la vez, 2.8 mujeres por cada 100 mil murieron víctimas de homicidio doloso.
María de la Luz Estrada, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), explicó que esta diferencia de cifras entre un delito y otro se debe a las deficiencias en los peritajes de las fiscalías estatales y expuso que lo único que refleja el dato de que hay más homicidios de mujeres que feminicidios es que aún “se sigue sin acreditar las razones de género”.
“Tenemos una gran deficiencia en los peritajes forenses, en general en criminalística, en el de necropsia; casi no hay peritajes sociales, que nos permitan hablar del contexto de violencia. En feminicidio, si hay una sospecha de que el agresor sea la posible pareja, de inmediato tienes que hacer un peritaje de contexto y no se hace; hay muchas deficiencias”.
En entrevista con La Razón, la defensora y activista aseguró que, en su labor diaria, son cada vez más frecuentes los casos de mujeres que supuestamente se suicidaron, pero, al revisarlos, indagar y revisar las carpetas de investigación relacionadas, todo apunta a que la víctima fue asesinada.
“Le corresponde a las fiscalías estatales que realmente funcionen sus fiscalías especializadas en feminicidio o unidades, porque realmente no tienen personal especializado; hay mucha omisión y negligencia y mucho menos se hacen los peritajes que se requieren en contextos de violencia familiar o comunitaria”.
Estrada Mendoza recordó que la AVGM sirve para monitorear, visibilizar el problema y ayuda a obligar a los estados a que cumplan con las garantías del acceso a la vida libre de violencia; sin embargo, dijo, lo que falla en algunas entidades son los vacíos legales que existen o falta de plazos.
“Hay estados en los que se les decretó la alerta y nunca sesionó el grupo de seguimiento, estados con dos declaratorias y que, a más de cinco años de la primera, todavía no hay ningún dictamen, y el dictamen es el que permite evaluar qué hicieron los estados, visibilizar su incumplimiento y seguir presionando a que mejoren las políticas públicas de atención.
Necesitamos que las autoridades federales, ahí sí, generen estas condiciones que ayudarían mucho para que los gobiernos estatales no hagan caso omiso”, destacó.