Patricia Zúñiga Cendejas y Gabriela Dutrént Bielous, exsecretaria técnica y excoordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), acudieron este miércoles a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para ser notificadas sobre la investigación en su contra por un presunto desvío de 244 millones de pesos.
Ambas científicas llegaron acompañadas de sus representantes legales a la sede de Paseo de la Reforma, donde se reservaron su derecho a declarar en el caso contra 31 científicos e investigadores acusados por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado, además de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Dutrénit declaró que se les dio acceso a la carpeta de investigación para conocer las acusaciones en su contra y les aseguraron que en una semana les darían una copia electrónica de la misma.
En 2019, Conacyt decidió cancelar el financiamiento que se otorgaba al FCCyT bajo el argumento de que tenía funciones que ya estaban a cargo del organismo, circunstancia por la cual no tenían por qué adjudicarse a terceros.
Como consecuencia, el Foro promovió un amparo que llegó a la Suprema Corte, donde los ministros determinaron que el financiamiento era legal, según lo establecido por el marco normativo cuando se constituyó.
Conacyt acusó entonces que entre 2013 y 2018 se implementó un esquema a través del Foro para recibir alrededor de 200 millones de pesos para el sostenimiento de una amplia plantilla de personal administrativo y de investigadores, por lo que el presupuesto se excedió.
La FGR integró la carpeta de investigación y solicitó las órdenes de captura a partir de dos denuncias que presentó Rosenda Cruz Vixtha, apoderada legal del Conacyt, el 10 de julio de 2020 y el 10 de junio de 2021.
No obstante, Conacyt denunció a 31 científicos e investigadores, que encabezaban los Comités Técnicos de Administración (CTA), a través de los cuales se aprobaban los proyectos que a su vez, se asignaban al Foro.
El 21 de septiembre pasado, un juez federal con sede en el penal federal de Almoloya, Estado de México, negó en definitiva las órdenes de aprehensión solicitadas por la FGR; sin embargo, se indicó que buscarán un recurso para lograr liberarlas.
