En México, donde hay más de 92 mil desaparecidos y el número de homicidios dolosos llega a los 102 mil, desde diciembre del 2018, hay 9.7 expertos forenses por cada 100 mil habitantes, mismos que no se dan abasto para atender las solicitudes de dictamen, en comparación con los homicidios que se cometen, y sólo pueden concluir cuatro por ciento de los casos que les toca.
De acuerdo con el informe “Hallazgos 2020” de México Evalúa, publicado este mes, a nivel federal cada perito atiende cerca de 160 solicitudes de dictamen, de las cuales resuelve sólo 6.4, mientras que a nivel local, de los 448 casos que les toca, sólo dan dictamen final en 17.92.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), actualmente en el país hay cuatro mil 111 peritos oficiales asociados a actividades relativas a la identificación humana, de un total de seis mil 242 reportados hasta finales del 2019 (dos mil 131 menos), según el más reciente informe de Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (Movndmx).
En la actualidad, de acuerdo con cifras oficiales, hay alrededor de 52 mil cuerpos no identificados en los servicios médicos forenses o inhumados de forma anónima en cementerios públicos de los 32 estados, 60 por ciento de esas personas yace en fosas comunes en cementerios públicos. En 2019, se habían localizado tres mil 631 fosas clandestinas, de las cuales entre 2018 y 2019 se habían exhumado mil 124 cuerpos.
“El segundo gran aspecto estructural que alimenta la crisis forense en México es la insuficiente capacidad institucional para identificar, con certeza, a la velocidad que se requiere. El incremento acelerado de personas fallecidas sin identificación no ha sido correspondido con una proporcional expansión, capacitación y modernización de los servicios forenses, especialmente aquellos servicios dedicados a la identificación humana”, explica el informe La Crisis Forense en México, del Movndmx, publicado en agosto pasado.
Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, ha reconocido que uno de los graves problemas en México es que existen casi 90 mil desaparecidos y alrededor de 40 mil cuerpos sin reconocer, donde la identificación forense se vuelve fundamental para unir el rompecabezas y los peritos, imprescindibles.
La contratación de especialistas forenses ha aumentado en años recientes, apunta el Movndmx, pero más aún ha crecido la cantidad de delitos cometidos y, por lo tanto, el volumen de trabajo de los servicios forenses.
“Un análisis comparativo de la información disponible en los Censos Nacionales de Procuración de Justicia, que se realizan anualmente, muestra que el número total de peritos oficiales de todas las especialidades se incrementó 43 por ciento entre 2015 y 2019; mientras que el número de homicidios en el mismo periodo se incrementó 77”, explica.
A pesar de la contratación de más personal forense, la carga de trabajo al final del periodo 2020 era 34 por ciento mayor. Si tomamos en cuenta este último porcentaje, el Estado mexicano debería contratar a dos mil 122 peritos adicionales para que todas las especialidades pudieran igualar la carga laboral de 2015.
Hallazgos
La información proporcionada por las fiscalías y procuradurías de 29 entidades destaca los siguientes datos:
- 22 reportaron contar con una base de datos o registros de información genética
- Coahuila, Morelos y Nayarit no proporcionaron información
- 17 con un sistema de registro y procesamiento de información
- 15 con un sistema de información y registro, que genera información estadística
- 17 con indicadores para el seguimiento, monitoreo y evaluación de sus labores
- 16 con mecanismos de colaboración interinstitucionales
- 18 con protocolos para el tratamiento de restos humanos y cadáveres
- 15 con un modelo de gestión y asignación de casos
- 18 con un manual de organización y operación
Avances en organización y operación. El informe de México Evalúa reporta que el mayor avance en el tema de identificación se presenta en el desarrollo de bases de datos o registros de información genética, seguido de manuales de organización y operación, así como de los protocolos para el tratamiento de restos humanos y cadáveres.
“La mitad de las fiscalías reportan mecanismos de colaboración interinstitucionales para sus servicios periciales y forenses y menos de la mitad cuenta con un sistema de registro que genere información estadística y con modelos de gestión y asignación de casos”, detalla.
Fernández-Maldonado considera la identificación humana como un trabajo técnico y científico que los perpetradores buscan evitar, por lo cual se requiere de experiencia y de mecanismos de integración; tanto el uso de tecnologías como las capacidades periciales y forenses de las fiscalías resultan fundamentales para sustentar investigaciones criminales sólidas y con resultados positivos.
“Si bien la labor del Ministerio Público es útil para establecer y confirmar líneas de investigación, las pruebas son obtenidas a través de los servicios periciales y forenses”, apunta el informe Hallazgos 2020, que observa un desarrollo medio, en términos de capacidades instaladas.
De acuerdo con la información, la fiscalía con el mayor desarrollo de capacidades instaladas es la de Querétaro, seguida por las de Baja California y de Chihuahua. En el siguiente nivel de desarrollo se ubican Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Estado de México, Quintana Roo y Tamaulipas y muy por detrás, las fiscalías de San Luis Potosí y Durango, que reportaron menos capacidades instaladas.
