El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la declaración de validez de los resultados de la consulta popular del pasado 1 de agosto, cuya acta se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para cerrar el proceso.
Durante la sesión extraordinaria del Consejo General, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, destacó que las consultas populares “llegaron para quedarse” y aseguró que esta autoridad electoral no escatimará su capacidad técnica ni profesional para organizar futuros ejercicios de democracia directa, si es que así lo decide la ciudadanía.
En este contexto, el consejero Ciro Murayama recordó que la organización de la primera consulta popular contó con una “situación venturosa”, ya que a pesar de que sólo dispusieron de 500 millones de pesos para su organización, la coincidencia con el proceso electoral federal fue lo que permitió que se aprovechara la capacitación previa que ya tenían los funcionarios electorales.
Por ello, apuntó que para la consulta popular del año próximo, si es que se concreta, la circunstancia será diferente y los requerimientos presupuestales cambiarán, por lo que el INE hizo la solicitud de recursos en el proyecto que tiene la Cámara de Diputados.
“Fue por eso que en el proyecto del presupuesto del INE se incluye esta previsión presupuestal, presupuesto precautorio, en términos de la definición de la Corte y se va a volver una de las constantes de nuestra vida institucional y también para el Legislativo, porque como cada año puede haber consulta”, comentó.
Al respecto, los representantes del PAN, Víctor Hugo Sondón, y del PRD, Ángel Ávila, destacaron que a pesar de que se reconoce la realización de este ejercicio, los ciudadanos no se dejaron “engañar”.
Para la consulta popular se instalaron 57 mil 77 mesas mesas receptoras que fueron atendidas por 144 mil 522 funcionarios.
La pregunta que se hizo el día de la consulta popular fue: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
De la participación en la consulta, seis millones 511 mil 385 (97.72 por ciento) se pronunciaron por el “Sí” y 102 mil 945 (1.54 por ciento) por el “No”.
EGC
