El 53.5 por ciento de los policías estatales en el país carece de Certificado Único Policial (CUP), de acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública que presentó ayer el Inegi y cuyos registros corresponden al 2020.
El CUP es el documento que acredita que los policías cuentan con los conocimientos, habilidades y el perfil necesarios para desempeñar su cargo, y es requisito obligatorio para poder ingresar a una fuerza policial.
Para obtenerlo, el aspirante debe acreditar cuatro tipos de evaluaciones: competencias, formación inicial, desempeño y control de confianza.
El plazo para la acreditación de la totalidad de los elementos venció el 10 de marzo de este año, luego de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó, en septiembre del 2019, la última prórroga de 18 meses, según lo especifica el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de julio del 2019.
Del total de personal de las corporaciones de seguridad estatales, la mayoría (45.0%) percibió un ingreso bruto mensual entre 10 mil 001 y 15 mil pesosResultados Censo Nal. de Seg. Pública Estatal
“Estos retrasos hablan de un descuido y de una falta de atención histórica, cuya carencia puede significar fallas en el funcionamiento correcto de las instituciones”, consideró Jorge Alberto Lara Rivera, abogado y exdiputado federal, en entrevista con La Razón.
Expuso que la certificación “da muestra de los estándares de integridad con los que cuentan los elementos, lo que permite ver la confianza respecto a su actuación, por lo que el nivel bajo de acreditación indica que más de la mitad de nuestras policías no son confiables, con todo y los riesgos que esto significa en temas de corrupción, cohecho y crimen”.
Subrayó que la falta de capacitación, de formación profesional y de adquisición de conocimientos y habilidades también es un factor crucial.
Cabe aclarar que Michoacán no fue incluido dentro del estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, debido a que “la institución encargada de seguridad pública estatal reportó que la información sobre el personal operativo se considera de carácter reservado”, explicó el documento.
Al cierre del año pasado, en México había 224 mil 923 personas adscritas a las instituciones estatales encargadas de la seguridad pública, seis mil 568 menos que el año anterior, lo que significa una disminución del 2.83 por ciento del personal en un lapso de un año.
Las entidades que concentraron la mayor cantidad de personal fueron la Ciudad de México, Estado de México y Veracruz que, juntas, sumaron el 58 por ciento nacional.
De acuerdo con esta cifra, el país enfrenta un déficit de elementos de policía preventiva, ya que ninguna de las entidades federativas, excepto la Ciudad de México, alcanzaron el estándar de tres oficiales por cada mil habitantes que señaló la ONU en su estudio Tendencias del Delito y Operaciones de los Sistemas de Justicia Penal, durante su duodécimo congreso en la materia.
Estos retrasos hablan de un descuido y de una falta de atención histórica, cuya carencia puede significar fallas en el funcionamiento correcto de las institucionesJorge Alberto Lara, Abogado y exdiputado federal
Al respecto, Lara Rivera dijo que una de las prioridades presupuestales debería ser fortalecer a estos cuerpos de seguridad.
“Lo vemos a la hora en la que se le otorgan más provisiones a otras instituciones, antes que a la formación de policías y desarrollo”, dijo.
En relación con el presupuesto que las instituciones estatales de seguridad ejercieron durante el 2020, se registró un aumento del 13.9 por ciento respecto al 2019, ya que se alcanzaron 96 mil 571 millones 357 mil 632 pesos, de los que el 40.7 por ciento se concentró en la Ciudad de México y el Estado de México.
Para la formación de nuevos elementos, se contó con 39 academias y un monto de mil 438 millones 787 mil 720 pesos.
Frente a este panorama, en opinión del exdiputado federal, para mejorar no se puede renunciar a contar con más elementos y con una fuerza de tarea policiaca preparada y confiable; “tampoco se puede olvidar que la seguridad y prevención no sólo le competen al ámbito policiaco, sino también a otros factores”, sostuvo.
Referente a los resultados de las operaciones policiales, el reporte del Inegi señaló que Yucatán, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Nuevo León fueron las entidades que realizaron más puestas a disposición ante juez cívico. A nivel nacional, se realizaron 739 mil 456.
Al menos 68 millones 124 mil 948 llamadas fueron recibidas a través de los sistemas de emergencia, de las cuales el 72 por ciento implicó un proceso de atención. Las entidades que recibieron más llamadas son la Ciudad de México, Nuevo León y Guanajuato; por el contrario, Nayarit, Tlaxcala y Querétaro tuvieron menos.
Sobre el régimen disciplinario, las instituciones estatales recibieron 13 mil 328 quejas, las cuales se concentraron principalmente en la Ciudad de México, Estado de México y Tamaulipas. En este apartado, Nayarit y Sonora no fueron considerados porque no contaron con una unidad de asuntos internos o mecanismos de recepción de quejas ciudadanas.
Otro dato relevante es que, durante el 2020, fallecieron mil 449 elementos, de los que 116 perdieron la vida durante la jornada laboral y las principales causas fueron enfrentamientos con civiles armados. Mientras tanto, 782 servidores murieron a causa de Covid-19.
- El dato: Hasta el cierre del año 2020, un total de 782 uniformados de corporaciones estatales había fallecido por Covid-19, de los cuales la mayoría, en 395 casos, se trató de decesos en la CDMX.
