Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en los últimos años, gobiernos de diferentes países de América Latina han usado tecnologías de espionaje con el objetivo de vigilar a activistas, periodistas y opositores, como sucedió con Pegasus en México y Colombia.
“Hemos solicitado esta audiencia regional para pedir que se priorice el desarrollo de estándares a los Estados ante el enorme riesgo que representa el uso de tecnologías con capacidad de vigilancia sin un escrutinio adecuado que tiene en los derechos humanos”, dijo María Leoni, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Durante la audiencia Uso de tecnologías de vigilancia y su impacto en la libertad de expresión en pandemia, Leoni consideró preocupante que los gobiernos de América Latina estén adquiriendo este tipo de tecnología diseñada para la vigilancia de activistas y opositores, sin tener un marco regulador del impacto en la violación de derechos humanos.
Por ello, explicó que en el uso ilegal de programas avanzados, la CIDH debería definir los estándares para el uso legítimo y regulado de estas tecnologías y declarar una “moratoria” para su adquisición hasta que no se regule en la región.
Por otra parte, Luis Fernando García de la Red para los Derechos Digitales en México evidenció que en nuestro país se adquirió el programa Pegasus en administraciones pasadas con el pretexto de combatir el crimen organizado, sin embargo, destacó que “paradójicamente los gobiernos que lo adquirieron para combatir la delincuencia organizada terminaron bajo sospechas de vínculos con ese crimen organizado”.
En ese sentido, recordó que el Gobierno federal aseguró que aclararía la compra sin licitación de dicho programa de espionaje y el uso que se le dio, por lo que lamentó que hasta ahora la Fiscalía General de la República (FGR) no haya dado ningún resultado de sus investigaciones.
Además, García aseguró que aún no existe claridad sobre los funcionarios que participaron en el espionaje realizado por Pegasus, aunque se conoce que pertenecían a la entonces Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
Por ello, pidió a la CIDH que exhorte al Gobierno mexicano a transparentar la adquisición y uso que se le dio a Pegasus.
Por otro lado, Jonhatan Bock, de la Fundación para la libertad de prensa, y Catalina Moreno, de la Fundación Karisma de Colombia, denunciaron que el Ministerio de Defensa de ese país ha adquirido tecnología avanzada de espionaje y reconocimiento, la cual fue utilizada por el gobierno de Iván Duque para identificar a los activistas durante el paro nacional de abril y mayo de este año.
Por lo anterior, los representantes de las organizaciones consideraron que este tipo de tecnologías de espionaje son “de alto riesgo” para los derechos humanos de las personas, ya que el uso de estos programas tecnológicos permiten el reconocimiento facial y la intervención de las líneas telefónicas.
ANR