En México, el número de personas que se ha visto obligado a abandonar sus hogares, para huir de la violencia de su entorno, aumentó cuatro veces (304 por ciento) en lo que va del año respecto al 2020, cuando la cifra fue de nueve mil 700.
Hasta septiembre del 2021, 36 mil 272 habitantes, principalmente del centro del territorio nacional, fueron víctimas de desplazamiento interno forzado, como consecuencia de enfrentamientos entre cárteles, conflictos sociales derivados de desencuentros políticos y territoriales, así como ataques violentos contra las comunidades, de acuerdo con el monitoreo que realiza la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
A esta cifra se le suman tres mil personas que, durante las primeras 72 horas de noviembre, huyeron hacia la montaña para refugiarse ante los ataques, cometidos por hombres armados que operan presuntamente desde Chenalhó, contra diez comunidades tzotziles del municipio de Aldama, Chiapas, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
En suma, durante el 2021 se han registrado 39 mil 272 desplazamientos, de los cuales el 26.58 por ciento ocurrió durante agosto, el mes con la cifra más elevada del año y que rebasó, con nueve mil 700 casos, a agosto del 2020, año en el que este fenómeno repuntó.
Las formas de violencia registradas durante los episodios de desplazamiento son múltiples; según el último informe anual de la comisión, en el país se han registrado al menos 14, entre las que se encuentran, además de los enfrentamientos entre cárteles, el reclutamiento forzado, asesinatos, saqueos o quema de casas, cultivos o negocios y extorsiones.
De acuerdo con InSight Crime, fundación dedicada al estudio del crimen organizado en América Latina y el Caribe, desde el 2016 los desplazamientos internos en el país mostraban un descenso sostenido, ya que entre ese año y el 2019 la cifra disminuyó 69.52 por ciento.
Las cifras apuntan que, a partir de entonces, el problema se agravó, pues para el 2020, el número de víctimas de este ataque contra los derechos humanos, como lo define la CMDPDH, aumentó 11 por ciento.
El impacto del desplazamiento va más allá de contabilizar a las personas, ya que esto no sólo representa el abandono de su patrimonio, sino la vulneración de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, apunta la comisión.
Además, plantea que es un fenómeno que no termina de cuantificarse sólo con la movilidad de las comunidades, debido a que el daño persiste hasta que alcanzan una solución para dejar atrás las vulnerabilidades y necesidades que requieren.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el año pasado, 281 mil 373 hogares se vieron obligados a cambiar de vivienda o lugar de residencia para protegerse de la delincuencia.
