El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por unanimidad la ampliación de mandato del ministro presidente Arturo Zaldívar, al declarar inconstitucional el Artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Se ratifica la invalidez del artículo transitorio y se señala que la declaratoria surtirá sus efectos una vez que se notifique al Congreso", fue la determinación de la Corte.
Durante la discusión del proyecto, presentado por José Fernando Franco González Salas, los ministros consideraron que la norma transitoria es contraria a los artículos 97 y 100 de la Constitución, que señalan el periodo del presidente de la SCJN, así como consejeros de la Judicatura Federal, pero tuvieron opiniones diversas en el hecho de que el proyecto no contempla violaciones cometidas por el Legislativo.
La ministra Norma Lucía Piña consideró que hubo violaciones al procedimiento legislativo suficientes para invalidar todo el decreto, y recordó que hubo irregularidades desde la aprobación del dictamen, pues la adición del artículo impugnado no fue publicada en la Gaceta del Senado y luego, en la Cámara revisora, la comisión respectiva lo pasó al pleno sólo minutos antes de su votación.
“Sin duda impidió que los diputados conocieran y estudiaran adecuadamente el contenido de esa reforma tan importante. Este desconocimiento puso de manifiesto durante la sesión porque se presentaron varias mociones suspensivas que la mayoría rechazó. Violaciones que son suficientes para invalidar la normatividad.
“Un tribunal es virtuoso sólo cuando defiende su independencia. Su función no es complacer a los otros poderes (...). Una discusión apresurada y no informada lastima la calidad democrática de la deliberación en el Congreso”, agregó.
A su vez, el ministro Alberto Pérez Dayán, indicó que en la Carta Magna hay claridad en que la presidencia en la SCJN tiene una duración de cuatro años sin efecto de reelección, por lo que la norma; además de considerar todo el proceso “desaseado”, pero no como para invalidar todo el decreto.
“(Si se reconociera la responsabilidad), el legislador tendría claro qué es lo que no debe hacer, más allá del desaseo, la impropiedad y el desorden en que se incorporó una disposición de este tipo”, dijo.
Por su parte, Luis María Aguilar, aseveró que “los legisladores como funcionarios públicos que son, están obligados a acatar la norma constitucional sin excusa ni pretexto, nada de que es importante hacerlo de otro modo, nada de que es conveniente eludir la Constitución, nada de que ello ayuda a cierta intención política y menos que es conveniente para la República, nada”.
De esta manera, determinaron que tanto el presidente como integrantes del Consejo de la Judicatura Federal deben dejar los cargos en el plazo originalmente determinado al momento de su nombramiento.
Al comenzar el análisis de la controversia constitucional, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, señaló que no se consideraba impedido para conocer del asunto por ser un control abstracto.
“No considero estar impedido para este asunto y no voy a excusarme para conocer de él por dos razones: en materia de acciones de inconstitucionalidad los impedimentos son excepcionales (...) y porque el 6 de agosto expresamente manifesté que, independientemente de lo que se vote, concluiré mi periodo como presidente de la Suprema Corte el 31 de diciembre de 2022.
“Por tanto, no hay ninguna razón de interés personal o de otro tipo en este asunto”, declaró Zaldívar al iniciar el análisis del Artículo Décimo Tercero Transitorio de la norma que buscaba ampliar por dos años el periodo del presidente de la Corte y los integrantes del Consejo de la Judicatura.
“No me he pronunciado sobre la constitucionalidad del precepto, lo que hice el 6 de agosto fue un pronunciamiento personal y político”, expresó al señalar que presidiría la sesión correspondiente.
Sus compañeros apoyaron la postura y en seguida el ministro Franco comenzó a exponer los puntos a analizar en el proyecto del Décimo Tercero.
Envían a Cámara alta terna para vacante en la Corte
El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado de la República la terna de candidatos para el relevo del ministro José Fernándo Franco González Salas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El documento, firmado por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, contempla a Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica de Gyvés Zárate y Loretta Ortiz Ahlf.
“Me permito presentar la terna que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, propone para ocupar la vacante, que con motivo de la conclusión del encargo del C. José Fernando Franco González Salas se genera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los: C. Bernardo Bátiz Vázquez, C. Eva Verónica de Gyvés Zárate y C. Loretta Ortiz Ahlf”, detalla el oficio.
La exsecretaria de Gobernación, destacó que los tres aspirantes son “personas honorables y capacitadas para la posición de ministro”.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal, indicó que de inmediato iniciarán el proceso constitucional respectivo.
A partir del 12 de diciembre, el máximo tribunal tendrá la vacante del ministro José Fernándo Franco González Salas, quien se incorporó a la SCJN en el año de 2006, a propuesta del expresidente Vicente Fox.
Con información de Magali Juárez
FGR
