El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Víctor Manuel Andrade, argumentó ante diputados que los cambios realizados al reglamento interno fueron para evitar que las auditorías se conviertan en “juez y parte”.
“El reglamento lo que hace es simplemente distribuir las funciones y facultades, esta reforma no crea nuevas facultades, no suprime las que están, no limita las que se tienen, no las modifica, puesto que estas se encuentran contenidas en la constitución y la ley”, señalo.
Ante la Comisión de Vigilancia de la ASF, agregó que se busca más transparencia y prevenir posibles conflictos de interés al interior al evitar que las áreas auditoras sean juez y parte.
Los cambios contemplan el traslado de la elaboración de los dictámenes técnicos para denuncia penal de las áreas auditoras a la Auditoría Especial de Seguimiento.
El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos aseguró que estas modificaciones propiciarán un fortalecimiento del proceso de fiscalización en cada una de sus etapas y el cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que establece que las denuncias deben presentarse preferentemente cuando concluyan los procesos administrativos.
Por otra parte, destacó que han fincado más de 16 mil responsabilidades resarcitorias como parte de la lucha contra la corrupción, la cual continuará con las nuevas reglas internas.
“Anterior a la reforma de 2015, la Auditoría Superior de la Federación debía, donde hubiera un posible daño patrimonial, realizar fincamientos de responsabilidad resarcitoria. Históricamente en la Auditoría se han iniciado cuatro mil 794 fincamientos de responsabilidades resarcitorias, lo que ha permitido que se tenga un universo histórico de 16 mil 66 presuntos responsables. Al día de hoy se tienen emitidas 3 mil 670 resoluciones al respecto y seguiremos en esa labor”, explicó ante la comisión.
En la ronda de preguntas, el priista Marco Antonio Mendoza, diputado del PRI, reconoció que si bien la ASF tiene autonomía, aseguró que revisarán que estos cambios optimicen el funcionamiento del órgano fiscalizador.
Al respecto, Andrade Martínez expuso que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio obliga a que el que denuncia debe probar a cabalidad lo que está denunciando, sin embargo, el anterior reglamento permitía interponer la denuncia durante el proceso de fiscalización en curso.
Sin embargo, apuntó que “el proceso de fiscalización no concluye con la etapa de auditorías, el ente fiscalizador tiene un plazo para aclarar irregularidad, y corríamos el riesgo de que al haberse presentado la denuncia hubiese corrido un carril distinto en la etapa de seguimiento”.
En tanto, Martín Sandoval Soto señaló que los cambios ocurrieron en un momento de transición entre el final de la legislatura de la administración anterior y la instalación de la actual, lo que causó confusión.
Al respecto, el funcionario justificó que “el reglamento se publicó en un momento intermedio en la entrega de nuestros informes, y se hizo sin ningún tipo de intencionalidad en las fechas, fue en el marco de las atribuciones de la auditoría”
“Tengan la certeza de que la reforma que se hizo está total y completamente apegada a derecho, que se hizo completamente atendiendo aspectos técnicos y jurídicos, y que por el contrario elimina cualquier posibilidad de discrecionalidad”, concluyó.
LRL
