Diputados y senadores de oposición anunciaron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el decreto del Presidente Andrés Manuel López Obrador por el que considera a las obras de infraestructura de la 4T como asunto de interés público y de seguridad nacional.
En San Lázaro, el líder del PAN, Jorge Romero, señaló que “el decretazo” es inconstitucional y demuestra un “talante autoritario” del Ejecutivo federal, por lo que, conforme al artículo 105 constitucional, la alianza legislativa de Va por México acudirá ante la SCJN a interponer una acción de inconstitucionalidad.
En tanto, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, expresó su preocupación por la constitucionalidad del decreto y consideró que al Presidente no se le informó sobre los alcances del mismo.
“No hay un clima que amerite la designación de obras de seguridad nacional, porque no lo son, y porque no hay un clima en el país que manifieste que se le quieran oponer a las mismas, incluso que lo fueran” manifestó Moreira Valdez.
El diputado del PRI advirtió que esto sienta un precedente para que nadie pueda oponerse a las obras del Gobierno Federal, ya que podrán ser rechazados los recursos, juicios de amparo o cualquier otro mecanismo legal que se interponga.
Por su parte, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, calificó como preocupante que se utilice la seguridad nacional para blindar y opacar obras que requieren de autorizaciones de distintas instancias y el escrutinio público.
“La acumulación del poder en un solo hombre es peligroso para la democracia, no sólo de este país, sino de cualquieraLuis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD
La acción de inconstitucionalidad es un recurso legal que se tramita en forma exclusiva ante la SCJN para denunciar la posible violación a la Constitución. Para ser promovida desde la Cámara de Diputados requiere un 33 por ciento del respaldo de los 500 diputados.
En el Senado el coordinador del PAN, Julen Rementería, aseveró que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación es “a todas luces inconstitucional”.
“Quiero hacer un llamado a todas aquellas instancias que tienen la posibilidad y la obligación a la luz de la evidencia de intentar detenerlo, plantear una controversia constitucional. Y empiezo por la presidencia de esta Cámara de Senadores, la senadora Olga Sánchez Cordero, ella tiene la facultad, la posibilidad y la obligación de hacerlo ante la evidente inconstitucionalidad que tiene este acuerdo, y que no debe de permitirse”, manifestó.
En tanto, la priista Claudia Ruiz Massieu señaló que el acuerdo publicado es una instrucción a las dependencias para que no cumplan con la ley, y puntualizó que el titular del Ejecutivo federal “no tiene la facultad de suspender el orden constitucional, y menos con el pretexto de acelerar el orden administrativo”.
El integrante del Grupo Plural, Germán Martínez, expresó que coincide con el Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que el gobierno es un “elefante reumático”, pero puntualizó que no puede pretender que ese “elefante reumático se convierta en una víbora veloz, corrupta y ponzoñosa”.
Inai también va por judicializar publicación
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) informó que prepara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del acuerdo por el que los proyectos y obras del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional.
El pleno del instituto determinó ejercer este control constitucional para evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal reserven por seguridad nacional, de manera generalizada y anticipada, la información relacionada con los proyectos y obras que el Gobierno lleva a cabo.
“Se advierte una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución, en tanto que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de la información, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, señaló en un comunicado.
Añadió que se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el acuerdo, lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información.
El Inai cuenta con un periodo de 30 días hábiles, a partir de hoy, para presentar ante la SCJN la controversia constitucional. En los próximos días, el pleno aprobará en sesión pública el acuerdo correspondiente, con los puntos a controvertir y los argumentos jurídicos.
En el artículo primero, el documento señala expresamente que “se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
Acuerdo, para agilizar trámites y crear confianza, dice AMLO
El acuerdo publicado en el Diario Oficial que declara de interés público las obras del Gobierno de México, es un asunto entre dependencias para agilizar trámites y dar confianza a instituciones y empresas, pero no atenta contra la transparencia, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y que se les dé también tiempo para presentar toda la documentación, en el entendido de que las empresas, las dependencias del Gobierno federal, pues están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad, y que se le tienen que dar facilidades y se les tiene que tener confianza a las dependencias”, señaló.
En conferencia, el mandatario declaró que se trata de un acuerdo para que dependencias como Medio Ambiente ayuden a Comunicaciones y Transportes o a Fonatur, con las empresas que están trabajando en el Tren Maya, para que no se detenga la obra.
“Tenemos que avanzar, tenemos que terminar, concluir las obras. Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos estamos obligados a rendir cuentas”, afirmó.
Criticó a los medios que suponen que el acuerdo es una estrategia para la opacidad, por lo que aclaró que se trata de un acuerdo, que no alcanza la categoría de decreto, para agilizar los trámites.
“Por eso contesto esto del acuerdo, ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras, porque ¿cuántos días nos faltan para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles?, pues como 120 días, más o menos.
“¿Se imaginan si a Claudio X. González, papá e hijo, porque actúan de manera coordinada y conjunta, junto con el exministro Cossío, se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra porque está muy lejos el aeropuerto? Porque eso es lo otro que traen, que está muy lejos, o que va a hacer mucho ruido, y nos presentan un amparo. Ah, pero cae el amparo en un juzgado de ésos en donde si la ensartamos, perdemos y, si no la ensartamos, también, y pues ya no terminamos”, comentó.
El Ejecutivo federal refirió que en el caso del Tren Maya se tienen que terminar mil 500 kilómetros de vías férreas electrificadas en una buena parte, con trenes para finales de 2023.
Respecto a esta obra, López Obrador aseguró que no afecta el medio ambiente, pues su trazo sigue la ruta del antiguo ferrocarril del sureste, por lo que no habrá nuevas afectaciones, como acusan sus críticos, a quienes consideró supuestos ambientalistas que critican el proyecto sin conocer a detalle cómo se desarrolla la obra.
Morena cierra filas con el Ejecutivo
Legisladores y la dirigencia nacional de Morena salieron en defensa del decreto presidencial por el que las obras de infraestructura del Gobierno Federal son consideradas de interés público y de seguridad nacional.
“Este decreto es legal y está apegado a las facultades constitucionales del Presidente. Su aplicación será de gran utilidad social y pública. Con este decreto se protege la inversión pública. La obligación que tiene cualquier gobernante es garantizar y asegurar la protección de los bienes públicos”, aseguró la bancada en la Cámara de Diputados.
Al reiterar que el objetivo de este decreto es agilizar la realización de los proyectos de la administración pública y eliminar la “excesiva burocracia”, acusó que las reacciones por parte de la oposición intentan desvirtuar una atribución constitucional del Presidente que favorece proyectos de utilidad pública.
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señaló que el acuerdo permitirá mayor agilidad en los trámites burocráticos y brindará mayor certidumbre.
RFH
