La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, precisó que el decreto presidencial que establece que las obras de infraestructura del gobierno federal son de interés público y de seguridad nacional no vulneran las competencias ni los intereses de la Cámara alta.
Al inicio de la sesión ordinaria de este martes, recordó que la semana pasada no se le permitió explicar sus argumentos respecto a por qué no presentó la controversia constitucional a nombre del Senado para impugnar el acuerdo.
Por ello, ahora explicó que el decreto presidencial se trata de un acto administrativo que incide en el ámbito del Poder Ejecutivo federal, cuyos efectos se producen dentro de la propia estructura interna.
La naturaleza jurídica del acto, cuya invalidez se reclamaría, sería la de un acuerdo administrativo, no de un decreto, emitido por el Ejecutivo federal dirigido exclusivamente a las entidades y dependencias de la administración pública federal. Es decir, se trata de un acto administrativo que incide en el ámbito del Poder Ejecutivo federal, cuyos efectos se producen dentro de la propia estructura internaOlga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado
“El citado acuerdo es diferente a un decreto, la principal diferencia radica en que mientras en el acuerdo, el titular del Ejecutivo determina funciones administrativas de instancias subalternas; el decreto por su parte, formaliza la expresión jurídica de la voluntad del Ejecutivo en ejercicio de sus funciones, pero sobre casos concretos y específicos”, explicó.
Senadores de oposición intentaron, sin éxito, interpelar a la presidenta del Senado y ella les respondió que “la hora del aficionado” era hasta el fin de la sesión.
RFH
