La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión contra el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que detenía temporalmente proceso de revocación de mandato, en respuesta a una controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados.
Esta determinación fue tomada por la Comisión de Receso de la SCJN, integrada por las ministras Yasmin Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat.
La SCJN indicó que el INE cuenta con un total de mil 503 millones de pesos para este ejercicio, por lo que “sin prejuzgar sobre lo que llegue a decidirse al realizarse el estudio de fondo, se desprende el indicador de viabilidad financiera para aplicar recursos al procedimiento de revocación de mandato”.
En un comunicado, puntualizó que de acuerdo con el artículo 29 de la Constitución, los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que “la ejecución del acuerdo del Instituto Nacional Electoral pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato”.
El pasado viernes, el Consejo General del INE, a propuesta del consejero presidente, Lorenzo Córdova, aprobó suspender temporalmente el proceso de revocación de mandato, excepto la recepción y verificación de firmas, ante la insuficiencia presupuestal para continuar con el ejercicio.
Respecto al presupuesto, la SCJN apuntó que ante el recorte de la Cámara de Diputados al presupuesto solicitado por el órgano electoral, su Consejo General asignó mil 275 millones 900 mil pesos a la revocación de mandato, más 227 millones 098 mil 368 pesos de meta de ahorro mandatada a las direcciones ejecutivas y unidades técnicas.
La Corte recordó que ya existe un pronunciamiento jurídico respecto de la obligación del INE de realizar ajustes presupuestarios. Al respecto, señaló que resultaba improcedente conceder al INE la suspensión a efecto de no realizar ajustes a su presupuesto como se prevé en Ley de Revocación.
Por tanto, consideró que “sería un contrasentido que lo que no obtuvo el Instituto Nacional Electoral en la controversia 209/2021, este organismo lo decrete por su cuenta”.
Además, expuso que de acuerdo con esta ley, para este ejercicio, “el Instituto en estricta observancia a las medidas de racionalidad y presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal correspondiente, buscará el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, materiales y financieros”.
La notificación enviada a la Cámara de Diputados detalló que esta medida surtirá efectos de manera inmediata y sin necesidad de otorgar garantía alguna.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, celebró que la SCJN “les dio la razón” en la controversia constitucional.
“El proceso de revocación de mandato continuará en todas sus fases, en términos de la Ley de Revocación y el Presupuesto de Egresos”, manifestó en redes sociales.
JVR / RFH
