La demanda de México interpuesta contra los fabricantes de armas en Estados Unidos no busca frenar el comercio en ese país, pero sí que éste sea transparente, responsable y con rendición de cuentas para evitar que llegue al otro lado de la frontera, señaló Alejandro Celorio, consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
En entrevista con La Razón, detalló que se demandó a 11 empresas fabricantes de armas en Estados Unidos porque son las encargadas de distribuir el mayor número de piezas de las que se decomisan en México y que ascienden a medio millón cada año.
Por ello, México solicitó a la Corte Federal de ese país fincar responsabilidades a dichas empresas por sus prácticas comerciales negligentes que de manera activa facilitan el tráfico ilícito.
“Lo que queremos es que el juez ordene a las empresas que sean más cuidadosas y que prevean la forma como comercian y distribuyen sus armas, pues facilitan su tráfico a México”, señaló.
Alejandro Celorio subrayó que las empresas fabricantes ni siquiera buscan un mercado en Estados Unidos ya que los diseños, incluso, son pensados para mexicanos.
“O sea, armas con cachas de marfil o bañadas en oro con nombres como ‘Jefe de Jefes’, con imágenes de Zapata, diseños similares a la cultura Azteca, o sea, están diseñadas para un mercado que no está en Estados Unidos, está en México y esa es una práctica negligente”, acusó.
En los dos años que nos tomó preparar la demanda, nos dimos cuenta de que hay un factor común en los incidentes de violencia en Estados Unidos y México, y esto es la presencia de armas de tipo militar, (…) que no deberían de estar en manos de particularesAlejandro Celorio, Consultor Jurídico de la SRE
El consejero jurídico de la Cancillería consideró que la política de dichas empresas extranjeras es vender armas a cualquier distribuidor que tenga licencia, ello sin detectar alertas de prestanombres u otras prácticas ilegales.
Argumentó que en lugar de producir y vender sus armas de manera que se prevenga su comercio ilegal, ellos eligen continuar suministrando el mercado ilegal de armas en México por cuestiones de ganancia.
Por otro lado, reconoció que los consumidores buscan esas salidas, ya que el Gobierno de México posee leyes que hacen imposible que los criminales obtengan armas de manera legal, pues sólo existe una oficina de armas en el país que otorga menos de 50 permisos al año.
Dicha oficina, perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sólo ofrece permisos rigurosos para casos de legítima defensa o derivados.
“Entonces no hay forma de que legalmente un particular y, mucho menos, un delincuente pueda comprar las armas que tienen y que enseñan en sus videos de YouTube o redes sociales, pero sí las pueden comprar en Estados Unidos”, precisó.
El funcionario puntualizó que el atacar a las compañías fabricantes y no distribuidoras obedece a una razón estratégica, ya que hay miles de puntos de venta en la frontera sur de Estados Unidos, por lo que sería llevar a cabo un número de demandas interminables.
Insistió que el litigio no es en contra del gobierno de Estados Unidos ni contra el derecho de los estadounidenses de poseer y portar armas, sino de que exista una regulación para evitar su traslado a México.
En 2004 se derogó una ley que prohibía la fabricación de armas de tipo militar en el país del norte, lo cual se vio reflejado en el aumento de homicidios en México, según lo que refiere el documento presentado ante la ley.
En la actualidad, las compañías demandadas fabrican más del 68 por ciento de las armas traficadas provenientes de ese país, lo cual se ve reflejado en la comercialización de más de 340 mil armas cada año.
- Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas de EU en el comercio de armas para evitar que lleguen aquí.
- Que la Corte Federal de EU finque responsabilidades a los fabricantes por sus prácticas comerciales negligentes.
- Que el juez ordene a las empresas que sean más cuidadosas y que prevean la forma como comercian y distribuyen sus armas.
“Sí, hay una correlación entre el número de homicidios en México y el número de armas fabricadas en Estados Unidos”, expresó.
Celorio compartió que la iniciativa de la demanda surgió luego de la tragedia donde 22 personas perdieron la vida tras un ataque perpetrado por un individuo en un supermercado de El Paso, Texas, el 3 de agosto de 2021.
Indicó que por instrucciones del canciller Marcelo Ebrard se comenzó la elaboración del documento, a fin de que la historia no se vuelva a repetir.
“En los dos años que nos tomó preparar la demanda nos dimos cuenta de que hay un factor común en los incidentes de violencia en Estados Unidos y México y esto es la presencia de armas de tipo militar, la presencia de armas pequeñas, revólveres, pistolas que no deberían de estar en manos de particulares”, explicó.
La demanda fue interpuesta el 4 de agosto de 2021 en Boston, Massachusetts. El 22 de noviembre las empresas solicitaron detener el litigio, por lo que México presentará una réplica el 31 de enero y las demandadas una contrarréplica el 28 de febrero.